El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJ) el “marista” Heyden Cebada, presentó una controversia constitucional en contra de la gobernadora Mara Lezama y del Congreso del estado.
La controversia también incluye a la Secretaría de Gobierno, el Director del Periódico Oficial, así como los Municipios del estado.
La controversia es la 27/2023, presentada el pasado 2 de febrero, según consta en la lista de notificaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dice el documento (Ver abajo):
“Con el oficio y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional que plantea quien se ostenta como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, contra los poderes Legislativo y Ejecutivo, Secretaría de Gobierno, Director del Periódico Oficial, así como los Municipios, todos de la referida entidad federativa”.
“Túrnese este expediente a la Ministra, como instructora del procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal”.
“Se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”.
El motivo de la controversia es la reforma constitucional que se hizo en el estado, y que permitió que se le pueda bajar el presupuesto al Poder Judicial y organismos autónomos.
Hay que recordar que esa reforma constitucional fue impulsada por Mara Lezama, para bajar los gastos en los organismos públicos. La Constitución local impedía bajar el presupuesto a los Poderes Judicial y Legislativo, así como a organismos autónomos.
Finalmente, el Congreso aprobó esa iniciativa de la gobernadora, y se bajaron los presupuestos.
Ahora, Heyden Cebada quiere recuperar los recursos que le disminuyeron, y para eso va contra la gobernadora y el Congreso.
Lo raro del tema es que Heyden Cebada es un “marista puro” que llegó al cargo por la hoy gobernadora.
Hay quien dice que podría tratarse de una estrategia ya pactada entre las partes, para que el Poder Judicial recupere su presupuesto.
Sin embargo, en los hechos es un golpe político a Mara, que es quien pidió que se rebajen los gastos del estado.
(La Opinión)
