La liberación de detenidos en Cuba por protestas como las de 2021 no debe conllevar una “expatriación forzada” como en Nicaragua, advirtieron organizaciones cubanas pro derechos humanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Justicia 11J y Cubalex señalaron en un manifiesto que “la reciente excarcelación de 222 presos políticos de Nicaragua y su inmediata deportación hacia los Estados Unidos ha levantado una alerta en la sociedad civil cubana sobre una ‘solución’ similar en el actual contexto de la isla”.
“La alerta está motivada por las conversaciones entre el Estado cubano e instancias como la Iglesia católica, la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Estados Unidos, que han expresado posturas en favor de la liberación incondicional de los presos políticos”, indica el manifiesto, difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
La liberación de los manifestantes se ha convertido en un tema político clave en Cuba tras el precedente de Nicaragua y la insistencia en este asunto de Estados Unidos, la Unión Europea y el Vaticano.
La posibilidad de que se excarcele a presos por protestas contra el Gobierno cubano está sobre la mesa en el contexto de una potencial negociación con Estados Unidos.
Al respecto, estas organizaciones recordaron “antecedentes” como la excarcelación y salida al exilio en 2010 de “la mayoría de los presos políticos de la Primavera Negra” de 2003 como parte de un proceso de negociación en la UE y en 2015 de otros 53 encarcelados en este caso en unas negociaciones para el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Los firmantes del manifiesto citaron que desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se han denunciado estas “expatriaciones forzosas”, que calificaron como “una práctica sistemática en gobiernos represivos” y alertaron de que “los presos políticos nicaragüenses tampoco participaron en el proceso de negociación” ni “se les informó que la condición para su liberación fuera la salida forzosa de su país”.
“Ninguna persona, mucho menos en las condiciones inhumanas de privación de libertad en las cárceles cubanas, puede ser obligada a abandonar el país como condición para lograr su excarcelación o liberación definitiva”, reclamaron.
“Quien negocie con el Estado cubano debería solicitar garantías de que la persona privada de su libertad tomará la decisión de salir del país sin presiones de los órganos de la Seguridad del Estado”, añadieron.
Además, demandaron “la participación de las personas privadas de la libertad y sus familiares en el proceso de negociación de la salida”, junto a “garantías mínimas para quienes decidan libre y voluntariamente salir del país, como facilidades en el proceso de reubicación para acceder a la legalización de su estatus migratorio”.
“Nos oponemos a pronunciamientos laudatorios como los emitidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en los que se presenta un hecho violatorio de derechos humanos como ‘pasos positivos’ para la consolidación de las relaciones entre países y el camino a la democracia”, subrayaron.
“Recibimos con esperanza la idea de que sean excarceladas, bajo cualquiera de las formas posibles”, concluyeron.
(Fuente: Lopez Doriga Digital)
