Ciudad de México, 5 de marzo 2023.- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite siete controversias constitucionales que impugnan las modificaciones a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales conforman la primera parte del Plan B en reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alberto Pérez Dayán dio entrada a los recursos legales promovidos por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, en Guanajuato.
El ministro rechazó otorgar la suspensión solicitada a los municipios, ya que combaten normas generales, y porque no se actualiza la excepción establecida por la Corte, consistente en que la suspensión puede otorgarse siempre y cuando impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano.
En las controversias constitucionales, las autoridades municipales señalan que las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, les “generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente”.
Las impugnaciones se suman a las controversias constitucionales que promovieron el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua, Chihuahua, mismas que se admitieron a trámite hace unos días.
La Ley General de Comunicación Social establece un gasto del 0.1 por ciento del presupuesto en campañas de difusión y es aplicable para los entes públicos que integran a los tres poderes de la Federación, de las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los órganos a los que la Constitución dota de autonomía y cualquier otra institución o entidad de carácter público.
Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala las sanciones a funcionarios que no cumplan con las restricciones para comunicación social.
(Fuente: Milenio)
