Tres años después de que iniciase la pandemia de COVID-19, América Latina sigue sufriendo las consecuencias “devastadoras“: una gran recesión económica, Gobiernos que no garantizan los derechos básicos y la intensificación de tácticas represivas para acallar las protestas, informó Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre derechos humanos.
Las autoridades no garantizaban (en 2022) el acceso de millones de personas a los derechos básicos a la alimentación, el agua y la salud, y los sistemas de atención de la salud seguían adoleciendo de una grave falta de fondos. En un contexto de recesión económica, en muchos países las autoridades intensificaron el uso de tácticas represivas para acallar la disidencia y numerosas formas de protesta”, se lee en el documento, que analizó la situación de 2022 en las regiones y en los países del mundo.
“Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas que aseguren la asignación del máximo posible de recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas mínimas en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, consideró la organización.
Varios gobiernos declararon estados de excepción que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones, juicios injustos y homicidios ilegítimos, agregó Amnistía Internacional.
Además, la represión se ejecutó usando fuerza excesiva contra quienes ejercían su derecho a protestar, sometiendo a vigilancia ilegítima y seguimiento a activistas, y atacando a periodistas.
En varios países, informa el documento, activistas y movimientos sociales salieron a la calle para reclamar derechos económicos y sociales básicos, el fin de la violencia de género y la excarcelación de las personas detenidas de forma injusta, y para defender el medioambiente.
Asimismo, agregó la organización, sectores de la población discriminadas como personas negras o pueblos indígenas fueron víctimas “de manera desproporcionada” de violaciones de derechos humanos, como abusos policiales y tortura y otros malos tratos en los centros de detención de personas migrantes.
Por otra parte, Amnistía Internacional aseguró que “en la región se produjeron importantes retrocesos en relación con los derechos sexuales y reproductivos” y, en varios países, las autoridades aprobaron medidas que menoscababan el acceso al aborto y prohibían la educación sexual integral.
La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada, y las personas LGBTI seguían corriendo peligro. En algunos países se registró un nivel sin precedentes de asesinatos de personas transgénero.
Las autoridades no protegieron a las mujeres y las niñas contra la arraigada violencia de género ni abordaron la impunidad por esos delitos.
“Los gobiernos de toda la región deben tomar medidas urgentes para prevenir los femicidios y feminicidios y los asesinatos de personas LGBTI, llevar a quienes sean responsables de esos crímenes ante la justicia y garantizar que se establecen garantías de no repetición”, opinó AI.
La impunidad, un gran problema en muchos países de América Latina, continúa arraigada.
Sobre el cambio climático, AI consideró que los gobiernos no cumplieron sus compromisos relativos al cambio climático.
Por último, la migración y “los nivele históricos” de personas en busca de refugio continuaron en aumento y las autoridades aplicaron “políticas regresivas que menoscababan los derechos de las personas refugiadas y migrantes y contravenían el derecho internacional”, aseguró AI.
(Con información de López-Dóriga Digital)
