Chetumal, 30 de agosto 2023. – La gobernadora Mara Lezama promulgó este martes la reforma constitucional que suspende por un año el derecho de votar y ser votado a personas en vagancia o ebriedad y también a quienes tengan sentencia firme por violencia contra las mujeres. Entra en vigor
Se trata de una reforma recientemente aprobada por el Congreso local al artículo 43 de la Constitución Política de Quintana Roo, en la que se establecen las causas por las que estas prerrogativas ciudadanas deberán suspenderse.
Además de estar en vagancia o en ebriedad, se incluye a las personas que estén sujetas a un proceso criminal por algún delito que amerite prisión o incluso habiendo cumplido su condena.
También se le suspenden los derechos a personas prófugas de la justicia desde que se les dicte la orden de aprehensión o incluso a los deudores alimentarios morosos.
En cuanto al supuesto de violencia familiar, la reforma constitucional establece la suspensión de prerrogativas “por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, feminicidio, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar o doméstica, violencia obstétrica, violación a la intimidad sexual, violencia vicaria; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
Reforma divide opiniones Entra en vigor
Entre los diputados, la reforma dividió opiniones. El morenista Humberto Aldana defendió la suspensión de prerrogativas ciudadanas bajo los argumentos de que se protege a las mujeres y que los cargos públicos deben ser representados por personas productivas y probas.
“En los cargos públicos, sobre todo en los cargos de gobierno, de elección popular, la ciudadanía requiere de personas que sean capaces de conducir su vida de manera responsable, de alguna manera productiva, es decir, estos casos en los que la persona no tiene actividad también derivan en una mala conducta, seguramente, a la hora de ejercer el servicio público y, además, no hay una representatividad en la sociedad”, planteó.
En tanto, Hugo Alday, del Partido del Trabajo, la consideró “excesiva y violatoria de los derechos humanos” y no descartó que, de entrada, sea letra muerta.
“En este caso, el promovente tendría que acreditar ante un juez que la persona es alcohólica o que está en situación de calle para no votar. No tienen ningún mecanismo para hacerlo y tampoco pueden generalizar esta reforma al pueblo votante. Yo creo que es inconstitucional”, dijo.
Esta reforma, aprobada por el Congreso del Estado y avalada por la mayoría de los Ayuntamientos, comenzará a ser aplicada a partir de este miércoles 30 de agosto.