Chetumal, 26 de octubre 2023. — Durante su participación en la sesión conjunta de comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos en la XVII legislatura, la diputada Mildred Avila Vera enfatizó la importancia de comprender la dignidad humana no solo como un concepto ético o moral, sino como un elemento fundamental que merece ser protegido de manera integral. Aprueban considerar
Sus comentarios se dieron en el contexto de la aprobación del dictamen de la iniciativa de reformas constitucionales presentada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que busca reconocer el derecho a un buen gobierno como un derecho humano.
La diputada Avila Vera destacó que cuando se reconoce un derecho humano, se le otorga la máxima protección y se rige por principios como la progresividad y la indivisibilidad.
Subrayó que la buena administración ya era un derecho, pero no había sido previamente considerado como un derecho humano. Avila Vera argumentó que una mala administración puede tener un impacto significativo en la dignidad humana, especialmente en áreas críticas como la salud, la educación y la procuración de justicia.
La legisladora subrayó la necesidad de tutelar la dignidad humana frente a la administración pública y garantizar un buen gobierno que proporcione servicios y atención adecuada para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Esta sesión conjunta fue presidida por Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Tanto la diputada Mildred Avila como el diputado Aldana Navarro son conocidos por impulsar proyectos legislativos progresistas que contribuyen a la transformación del estado.
La iniciativa de reformas constitucionales se centra en el reconocimiento de la dignidad humana como un valor supremo y en la consideración del derecho humano a la buena administración como elementos esenciales para un gobierno eficiente y respetuoso de los derechos humanos en el estado de Quintana Roo. Esta propuesta, resumida en dos artículos, armoniza la legislación local con los estándares federales y refuerza la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aprueban considerar
