Cancún, Q. Roo, 04 de enero 2024. – Con base en un estudio reciente que demuestra que Quintana Roo mantiene las tarifas de agua potable más caras de todo México, el Instituto de Administración Pública del estado (IAPQROO) lanzó una solicitud en la plataforma electrónica change.org para recabar firmas ciudadanas a fin de presentar un amparo colectivo por tarifas más justas en la entidad, invocando el artículo cuarto constitucional que establece el derecho humano al agua potable.
¿Ya NO quieres pagar la tarifa de agua potable más cara de México?
¿Quieres que CAPA y AGUAKAN dejen de tener ganancias multimillonarias a costa tuya?
SÚMATE y firma. https://t.co/S9nFk6U8C1@malusita76 @SelvameMX @ElChaquisteQR @DespiertaTvMx @AbogadosQroo @FENAMM @FLACMA_— IAPQROO (@iapqroo) January 3, 2024
El estudio antes mencionado fue elaborado por el propio instituto y se denomina “Los servicios de Agua Potable de Quintana Roo 1980 – 2023: La verdad plasmada en números”, realizado por el ingeniero Juventino Castillo Pinzón, reconocido especialista en materia de análisis de infraestructuras y de agua potable.
El análisis expone que la tarifa en la entidad, es 8 veces más elevada que el promedio nacional y 7 veces más que la población de Yucatán.
Revela, además, que la Comisión Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la empresa concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) conocida como Aguakán, han cobrado a las y los quintanarroenses desde la modificación de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo en 2011, 21 mil 500 millones de pesos acumulados hasta el año 2023 de sobre precios por dichos servicios.
Y exhibe que las personas en pobreza y pobreza extrema son los que más pagan por el servicio de agua potable.
Para que tengamos una idea del abuso en contra de los quintanarroenses y el MITO DEL BIENESTAR con el que llenan discursos en favor del PUEBLO. Aquí un ejemplo de lo que hacen con los más pobres https://t.co/MS0uZGZJEC pic.twitter.com/xaEBYG1o8V
— leon lizarraga (@leonpres) January 4, 2024
Los impactos económicos
Lo anterior ha provocado al menos una decena de consecuencias, enlistadas en la petición de change.org, entre ellas:
- Incrementos irracionales, ya que desde el 2012 la tarifa presenta incrementos por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
- Una mayor tarifa por consumo a la población en pobreza extrema, pues el pago mínimo es el equivalente a 10 metros cúbicos y cuando el consumo es menor, mayor es la tarifa representativa.
- Una facturación por encima del costo real del servicio; debido a que “las modificaciones a la Ley han sido subversivas atentando contra la economía de los quintanarroenses”.
- El cobro por servicios no entregados, pues si se consume menos de 10 metros cúbicos, se cobran los 10 metros cúbicos.
- Eficiencias sobreestimadas, es decir, los volúmenes facturados no entregados se consideran para el cálculo de las eficiencias.
- Duplicidad de cobros, porque los derechos de uso de infraestructura deberían corresponder a los recursos que se requieren para ampliar la capacidad; sin embargo, en el análisis de costo total del servicio se consideran los flujos financieros de las inversiones, por lo tanto, su cobro se duplica, según lo expuesto.
- Una séptima consecuencia es la exigencia de ejecución de obras por parte de los desarrolladores que corresponden a la responsabilidad institucional al estar en el flujo financiero.
“Esto obliga a los desarrolladores de vivienda a transferir este costo a la vivienda lo que significa un sobrecosto”, se menciona. Hay carencia de incentivos al mejoramiento de la eficiencia y una nula intervención municipal en los servicios, pese a que es una de sus facultades constitucionales.
Finalmente, no se tiene establecida una metodología que permita transparentar el cálculo de las tarifas, lo que ha ocasionado que se realicen incrementos indebidos con información parcial.
El amparo
Con las firmas recabadas –que hasta este martes sumaban más de 240– se busca congelar y cancelar las tarifas de agua potable en la entidad, hasta conciliar con la ciudadanía una tarifa justa, progresiva, apegada al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidory a la eficiencia operativa del servicio.
Otro objetivo es obligar a las autoridades a conciliar con la ciudadanía la restitución gradual, planeada y programada de la competencia del Artículo 115 constitucional que obliga a los municipios a prestar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales para que se apeguen a las necesidades propias de la población.
Esto implicaría “desaparecer la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, así como la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) para que cada municipio preste el servicio mediante un órgano público con autonomía funcional, operativa y financiera, dirigido por ciudadanos”.
En tercer lugar, presionar a que la autoridad deje sin efectos el doble cobro, cobros por servicios no entregados y facturación por encima de los costos del servicio.
También que el Congreso de Quintana Roo legisle en favor de las y los quintanarroenses, para darle cabida a todos estos reclamos, mediante una “iniciativa ciudadana que regule las tarifas y la prestación del servicio acorde con los preceptos constitucionales y legales”.
Además, que se realicen las modificaciones jurídicas, organizacionales, administrativas y presupuestales pertinentes para cumplir con estas demandas; que se obligue a la empresa Aguakán a restituir a la ciudadanía los 17 mil millones de pesos que ha cobrado en sobre precio de las tarifas autorizadas en el convenio de concesión.
Y obligar al gobierno del estado y a los ayuntamientos a transparentar las tarifas de agua potable y saneamiento de los últimos 10 años, de una forma sistemática y permanente. Quintana Roo mantiene
Para lograrlo, el IAPQROO subrayó que es “indispensable” apoyar la solicitud de firmas ciudadanas en change.org, con base en los resultados del estudio realizado.
Firmas en change.org para interponer un amparo colectivo
Además publicó una cuenta de correo para quienes deseen conocer el contenido de dicha investigación –agendaciudadanaopb@gmail.com– para enviar la versión pública del documento y concretar una cita para, en todo caso, realizar una presentación del mismo.
“Solo te pedimos que reúnas a un mínimo de 50 a 100 vecinos, amigos, compañeros de trabajo, para hacer la presentación”, se añadió.
La dirección de la solicitud en la plataforma para firmar en digital es la siguiente: https://bit.ly/3RJdyQw
El estudio referido fue presentado originalmente el pasado 27 de diciembre, por el presidente del Consejo Directivo IAPQROO, León Ricardo Lizárraga Cubedo, durante la presentación de la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de Othón P. Blanco, en Chetumal.
