Playa del Carmen, 22 de enero 2024. – El Gobierno de México se encuentra en una etapa de alegatos finales, y por ello la defensa de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador liderada por Alan Bonfilio Ríos, sostuvo que durante las audiencias se demostró que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) carece de jurisdicción para conocer reclamaciones relacionadas con eventos ocurridos después de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Gobierno Federal
En un comunicado posterior a la audiencia y en respuesta a las preguntas del tribunal, la defensa mexicana indicó que Sac- Tun, antes conocida como Calizas Industriales del Carmen (Calica) busca que el tribunal reemplace a las autoridades nacionales para determinar su cumplimiento de obligaciones ambientales y para tomar decisiones sobre la interpretación y aplicación de la legislación ambiental mexicana.
Puntualmente, Calica busca que el tribunal le otorgue derechos ilimitados en asuntos ambientales para la explotación del terreno conocido como “La Rosita”, instando a México a incumplir su legislación ambiental para permitir sus irregularidades, según un documento de 83 páginas.
Pese a falta de jurisdicción, Gobierno aclara a CIADI que no se violó el TLCAN
Se citó el acuerdo de 1986, cuando se permitió a la filial de Legacy Vulcan explotar estas tierras en la Zona Continental de Cozumel y el municipio de Solidaridad, que aún no existía en ese entonces.
Además, se destacó que las medidas solicitadas están basadas en eventos ocurridos después de la terminación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), por lo que no están cubiertas por el anexo 14C del nuevo tratado T-MEC.
En otras palabras, no se dio consentimiento para resolver medidas posteriores al 1 de julio de 2020 según lo establecido en el capítulo 11 del TLCAN. A pesar de la falta de jurisdicción del CIADI sobre esta reclamación, México enfatizó que es incorrecto afirmar que las acciones de sus autoridades violan uno de los artículos del TLCAN.
Calica no informó la cantidad real de material que planeaba extraer de Quintana Roo
Se indicó que el acuerdo de 1986 no constituye una autorización ilimitada y global para la explotación del terreno llamado “La Rosita”, ya que en México no existe ninguna autorización ambiental indefinida, ya que iría en contra de la legislación ambiental al no permitir la evaluación y mitigación del impacto ambiental.
En relación con las reclamaciones de Calica, México afirmó que parten de una premisa falsa sobre una supuesta campaña coordinada con motivos políticos denominada “antiCALICA”, sin evidencia razonable de su existencia.
Sin embargo, lo que sí está comprobado es que Calica operó conscientemente durante más de 30 años un proyecto sin informar la cantidad real de toneladas que planeaba extraer y las que aprovechó, sin contar con los permisos y autorizaciones ambientales requeridos por la legislación mexicana.
De acuerdo con las autoridades, esto ha ocasionado un grave impacto y daño ambiental en una zona sumamente sensible con una biodiversidad única en el mundo y un entorno regional interconectado. Finalmente, el Gobierno Federal insistió en que la filial de Vulcan Materials nunca demostró los daños reclamados en este arbitraje. Gobierno Federal