La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública la carta “confidencial” que envió el pasado 12 de diciembre a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña, donde hace de su conocimiento la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal que otorga el cambio de medida cautelar a los ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa. Desclasificada carta
En el documento, la funcionaria recuerda que el pasado 30 de noviembre los integrantes de este tribunal, magistrados Francisco Sarabia Ascencio, José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco estimaron fundado el agravio aducido por los acusados dentro de la causa penal 1/2023 y otorgaron el amparo a fin de llevar a cabo una nueva audiencia para el cambio de medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa.
“Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”
Además, dijo, este asunto resulta de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan.
“Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de la víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad y justicia”.
En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que la juez que ordenó liberar a los ocho militares impuso diversas medidas para sustituir la prisión preventiva oficiosa y garantizar que no se den a la fuga, entre ellas presentarse quincenalmente ante el juzgado de Distrito a firmar, exhibir una garantía de 50 mil pesos y la prohibición de salir del país por lo que deberán entregar su pasaporte al juzgado de Distrito donde se lleva su proceso penal.
También, tienen prohibido acercarse al estado de Guerrero y a las víctimas o testigos del caso.
