Samuel García enfrenta críticas de Loret de Mola por caso de corrupción

Este miércoles, el Diario Reforma dio a conocer una investigación en la que acusó que un despacho de abogados de Samuel García Sepúlveda, gobernador del estado de Nuevo León, recibió más de 200 millones de pesos por parte de uno de los proveedores más favorecidos por el Gobierno estatal, con una triangulación.  corrupción

El periodista Carlos Loret de Mola, realizó una crítica ante esto. Y es que en su cuenta de la red social X, antes Twitter, compartió la noticia, acompañado de la frase “¿También harán canción de esto?”.

A su vez, señala el medio, Jace facturó a su empresa hermana Suministro MYR 237 millones 200 mil pesos, provenientes de contratos al Gobierno de Nuevo León, por 964 millones 700 mil pesos, entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, por servicios de alimentación en los penales, campos policiales, comedores de otras dependencias y eventos.

Los pagos al despacho del gobernador y su padre empezaron el 15 de octubre de 2021, es decir, 11 días después de iniciada la administración de Samuel García.

En sus declaraciones patrimoniales del 2021, 2022 y 2023 el gobernador reconoció que tiene una participación del 50% en ese despacho, y que parte de sus ingresos provienen de esa empresa.

Según los documentos disponibles, MYR fue creada en 2010 en Tabasco. Sin embargo, fue hasta diciembre de 2022 cuando se incorporó como giro principal la prestación de servicios de alimentación de comedores industriales, restaurantes y sector público.

MYR ya había sido proveedora de servicios de alimentos durante la administración de Jaime Rodríguez, sin embargo, actualmente es el segundo proveedor que más pagos recibe del Gobierno, solamente por detrás de Mota-Engil México, empresa contratada para construir las nuevas líneas del Metro.

Según Reforma, el estado pagó mil 115 millones de pesos a MYR en diciembre, mientras que la empresa hermana Jase se convirtió en cliente de Firma Jurídica y Fiscal Abogados a partir de 2021, que fue cuando Samuel llegó a al Gobierno estatal, pues no hay registros previos de operaciones o transacciones entre la empresa y el despacho.