La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en siete leyes secundarias. El objetivo principal es promover la igualdad sustantiva, garantizar la perspectiva de género y erradicar la brecha salarial, así como reforzar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Durante su intervención en la conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que estas modificaciones representan un avance significativo para proteger a mujeres, niñas y niños. Señaló que México se encuentra entre los países con mayores avances legislativos en materia de derechos y protección de las mujeres.
Entre las leyes reformadas destaca la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se define la brecha salarial y se establece un Certificado de Igualdad de Género y No Discriminación. Además, se estipula que las políticas públicas deben enfocarse en garantizar la igualdad en todos los ámbitos.
Asimismo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se crea el Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección y se dispone que, en casos de violencia de género, el agresor deberá abandonar el hogar, independientemente de la acreditación de la propiedad.
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Por otra parte, se conceptualiza la violencia vicaria en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, identificándola como cualquier acto que, con el objetivo de dañar a la mujer, afecta a sus hijos, familiares o personas cercanas.
También se reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entre los cambios más relevantes se incluyen acciones para erradicar la brecha salarial y la extensión de permisos maternos y paternos en casos de adopción.
La secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, resaltó la importancia de estas reformas para garantizar un marco jurídico sólido, mientras que la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos llamó a los congresos locales a armonizar sus leyes y constituciones para consolidar estas protecciones en todo el país.
Estas reformas representan un paso crucial para avanzar hacia una sociedad más justa, donde las mujeres cuenten con un respaldo legal efectivo en la lucha por sus derechos y contra la violencia de género.
