A pesar de haber sido clausurada por la Dirección de Protección Civil de Puerto Morelos, la construcción de una gasolinera de la cadena FullGas continúa sin interrupciones. La empresa encargada del proyecto, Servicios Ecológicos Aventura, S.A. de C.V., rompió los sellos de suspensión y ordenó a la constructora seguir con los trabajos sin cumplir con los permisos ambientales ni con las disposiciones municipales.
Esta situación ha generado indignación entre los habitantes de la zona, quienes señalan la falta de control por parte de las autoridades locales. Aunque la obra se detuvo por Protección Civil, cuenta con el respaldo de la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Movilidad Sustentable, encabezada por Aimee Rodríguez Vivas. Su actuación ha sido fuertemente cuestionada, ya que se le acusa de facilitar la construcción sin los permisos correspondientes.
Uno de los principales señalamientos contra Rodríguez Vivas es su presunta participación en un esquema de sobornos que ha permitido la proliferación de gasolineras sin regulación en el municipio. En particular, FullGas, propiedad del empresario Sebastián Figueroa Gasque, ha logrado expandirse en México y Centroamérica ignorando trámites esenciales. En este caso, la empresa ni siquiera ha solicitado el cambio de uso de suelo, un requisito indispensable para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales.
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Además de las irregularidades administrativas, la construcción de la gasolinera representa un riesgo tanto para la comunidad como para el ecosistema. De acuerdo con el Código de Protección Civil del Ayuntamiento, ejecutar una obra sin licencia puede derivar en multas equivalentes al 5 o 10% del valor del inmueble. Sin embargo, hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción efectiva, lo que refuerza la percepción de impunidad en el caso.
Este no es un hecho aislado. En Cancún, bajo la razón social Servicios Ecológicos Chichén Itzá, S.A. de C.V., se ha detectado la construcción de otra estación de servicio sin autorización. A pesar de las advertencias de instancias estatales, la obra sigue en marcha, lo que sugiere la existencia de un patrón de corrupción en la región.
Las investigaciones en curso determinarán la responsabilidad de los involucrados, pero mientras tanto, la comunidad exige mayor transparencia y el cumplimiento de la ley.
