La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su administración interpuso una demanda contra la empresa Google por mostrar en sus mapas digitales el nombre “Golfo de América” en lugar de Golfo de México, lo que ha generado una fuerte controversia diplomática y mediática.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que ya hubo una primera resolución, aunque todavía se encuentra en espera del fallo final. Según explicó, la postura del Gobierno mexicano es clara: Google debe respetar las delimitaciones geográficas internacionales.
“Lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió Estados Unidos. Ese decreto nombra Golfo de América únicamente a la parte continental que le pertenece a EE.UU., no a todo el Golfo”, puntualizó Sheinbaum. “Ellos no tienen atribución para renombrar todo el Golfo porque se trata de una zona compartida internacionalmente”.
Asimismo, la presidenta reiteró que México no se opone a que Google utilice el nombre “Golfo de América” en la porción correspondiente al territorio estadounidense, pero exigió que se mantenga la denominación de Golfo de México en las áreas pertenecientes a México y Cuba. De este modo, subrayó que lo solicitado por su administración es una exigencia basada en el derecho internacional.
A pesar de la tensión generada por el caso, Sheinbaum aclaró que este tema no ha sido discutido directamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante sus recientes conversaciones telefónicas. No obstante, reafirmó que la soberanía territorial no es negociable.
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“La parte que le corresponde a México no puede ser renombrada por Google. Ellos solo pueden nombrar lo que está dentro de sus fronteras”, recalcó.
Este conflicto surge luego de que la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobara un proyecto de ley impulsado por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, el cual busca cambiar el nombre oficial del Golfo de México por el de “Golfo de América” en documentos y mapas producidos por agencias federales. Esta propuesta haría legal una orden ejecutiva firmada por Trump en el inicio de su segundo mandato.
Por tanto, la polémica involucra no solo a una empresa tecnológica, sino también a decisiones unilaterales de carácter político que afectan a otros países ribereños, como México y Cuba.
