En un llamado urgente al Gobierno Federal, la senadora Mayuli Martínez Simón presentó dos iniciativas legislativas clave para hacer frente a la creciente crisis del sargazo en Quintana Roo. Con pronósticos que superan las 400 mil toneladas de sargazo en 2025, la legisladora del PAN advirtió que el fenómeno representa una emergencia ambiental y económica sin precedentes para el Caribe Mexicano.
Iniciativas legislativas buscan respuesta integral y permanente
Desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Mayuli Martínez propuso dos reformas legislativas. En primer lugar, planteó modificar el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de destinar parte del Derecho de No Residente (DNR) a acciones integrales contra el sargazo. Esta medida abarcaría investigación, prevención, recolección y aplicación de tecnología, todo bajo la coordinación de la Secretaría de Marina, pero con participación activa del gobierno estatal, municipios y sector privado.
En segundo lugar, propuso reformar las leyes generales de Protección Civil y Cambio Climático para que el arribo masivo de sargazo sea clasificado como un desastre natural. De esta forma, se activarían protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil, permitiendo una movilización coordinada de recursos y acciones desde los tres órdenes de gobierno.
Impacto ecológico y económico, en riesgo
La senadora enfatizó que el sargazo no sólo afecta gravemente los ecosistemas marinos, sino que también representa una amenaza directa al turismo, principal motor económico de Quintana Roo. Según la Red de Monitoreo del Sargazo y Cambio Climático del Mar Caribe, actualmente flotan más de 40 millones de toneladas métricas de sargazo en el Atlántico y el Caribe, superando incluso los niveles críticos de los años 2015, 2018 y 2022.
Llamado a la responsabilidad del Congreso
Cabe destacar que, Martínez ya había presentado propuestas similares en 2019, las cuales se ignoraron por la mayoría morenista, incluso por legisladores de Quintana Roo. Por ello, instó a los representantes del régimen a actuar con responsabilidad, dejando de lado posturas partidistas y comprometiéndose con soluciones estructurales.
“No podemos seguir actuando de forma aislada y reactiva. Es momento de establecer una estrategia nacional coordinada y dotar de herramientas legales y presupuestales a las instituciones”, sentenció.
Una estrategia nacional es urgente
Finalmente, la senadora subrayó que sin una respuesta institucional contundente y coordinada, las consecuencias serán irreversibles, tanto para el medio ambiente como para la economía de Quintana Roo y del país entero.
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