Organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales conmemoraron este viernes el Día Mundial del Refugiado junto a cientos de personas migrantes varadas en la frontera sur de México, muchas de ellas afectadas por el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Durante el evento, América Pérez, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), subrayó que esta fecha busca reconocer la resistencia de quienes se ven forzados a huir de sus países. “Este día visibiliza la hospitalidad y la solidaridad de las comunidades locales hacia quienes se ven obligados a dejar su hogar”, afirmó.
Tapachula, ciudad refugio y reto
Por su parte, Denisse Lugardo Escobar, directora municipal de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, destacó el impacto positivo de la comunidad migrante en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala y epicentro de la actual crisis regional.
“Celebramos la multiculturalidad. Tapachula se enriquece no solo culturalmente, sino también económicamente. Alrededor del 65% de los migrantes se establecen legalmente”, indicó. Los principales países de origen son Haití, Cuba y Venezuela.
Uno de esos casos es el de Yeni Limonta, migrante cubana refugiada, quien reconoció que uno de los principales desafíos ha sido acceder a un trabajo digno. “En los trabajos particulares explotan mucho al migrante. Pero una vez que uno obtiene la residencia permanente, cambia completamente: tienes derecho al empleo formal”, explicó.
México, entre la crisis migratoria y los recortes
Durante 2024, México se consolidó como uno de los países con más solicitudes de asilo en el mundo, registrando cerca de 80 mil peticiones ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR). La mayoría provienen de Honduras, Cuba, Haití y El Salvador.
No obstante, las condiciones se han endurecido. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció recortes significativos, afectados por la disminución del financiamiento internacional, especialmente desde EE.UU. Como consecuencia, se perderán 3,500 empleos y se reducirá la plantilla global en un 30%.
En México, según Manuel Nucamendi Pulido, jefe de oficina de ACNUR, esto ha obligado a “reconfigurar” la operación en el sur del país. En concreto, cerrarán sus oficinas en Palenque y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Tenosique (Tabasco) y Guadalajara (Jalisco).
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