Un grupo de 17 fiscales estatales demócratas respaldó este lunes una demanda interpuesta por organizaciones civiles contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, e instó a un juez federal a ordenar su suspensión inmediata.
La demanda, encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se presentó la semana pasada para frenar los operativos migratorios que, según los demandantes, violan derechos constitucionales y niegan a los detenidos el acceso a abogados.
En un comunicado conjunto, los fiscales argumentaron que ICE realiza arrestos sin sospecha razonable, recurriendo al perfilamiento racial y afectando incluso a residentes legales y ciudadanos estadounidenses. Señalan que los agentes operan enmascarados y han realizado redadas en iglesias, escuelas, negocios y vecindarios enteros.
El documento se encabezo por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien comparó los operativos actuales con prácticas históricamente discriminatorias, como la Operación Espalda Mojada de 1954, elogiada recientemente por el presidente Donald Trump.
Los fiscales advirtieron sobre una “cultura del miedo” generada por estas acciones, la cual ha provocado que miles de migrantes eviten acudir a hospitales, escuelas o templos por temor a ser detenidos.
Aunque la demanda se centra en Los Ángeles, los firmantes acusan al Gobierno de Trump de implementar redadas generalizadas en tribunales migratorios, campos agrícolas y otras regiones del país.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, fiscales demócratas han reforzado diversas acciones legales contra las políticas migratorias de su administración, incluyendo la defensa de los soñadores, los migrantes haitianos y programas de ayuda internacional.
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