La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó este jueves el “ataque indiscriminado” registrado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, que dejó al menos cinco civiles muertos y 42 personas heridas.
“Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos en Cali, que deja hasta el momento al menos 5 personas civiles muertas y 42 personas heridas”, señaló el organismo a través de su cuenta oficial en X. La oficina pidió además a los grupos armados no estatales respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, especialmente el principio de distinción, que obliga a diferenciar entre combatientes y población civil.
En su pronunciamiento, el organismo también llamó al Estado colombiano a atender a las víctimas y garantizar justicia mediante investigaciones rápidas y efectivas.
El presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas FARC, liderada por Néstor Vera, alias Iván Mordisco. Según explicó, se trataría de una “reacción terrorista” frente a la ofensiva militar que las Fuerzas Armadas adelantan en el Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca.
La escalada de violencia no se limitó a Cali. Horas antes, en Amalfi (Antioquia), un helicóptero de la Policía fue blanco de un ataque con dron mientras transportaba uniformados que participaban en la erradicación de cultivos ilícitos. Las autoridades también señalaron al EMC como responsable.
Para seguir leyendo: MLS elimina a Liga MX y domina semifinales de la Leagues Cup 2025
Estos hechos avivaron las críticas de diversos sectores que reclaman al Gobierno mayor firmeza frente a los grupos armados ilegales, cuyo poder territorial y ofensiva armada se han recrudecido en los últimos meses.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que 2024 fue el año más crítico desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y que el 2025 se perfila con las peores condiciones humanitarias de la última década. La situación plantea un reto mayúsculo para la administración Petro, que ha apostado por el diálogo con sectores armados, pero enfrenta un aumento sostenido de la violencia.
