El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta invocar la Ley de Insurrección, una medida excepcional que le permitiría desplegar al Ejército para reprimir disturbios civiles en el país.
Popularmente, se le conoce como Ley de Insurrección de 1807, esta normativa es en realidad un conjunto de estatutos que se aprobaron entre 1792 y 1871, y se le considera uno de los poderes de emergencia más amplios del Ejecutivo estadounidense, de acuerdo con el Centro Brennan para la Justicia, un instituto no partidista.
En condiciones normales, la ley Posse Comitatus prohíbe al Ejército participar en tareas de seguridad civil, pero la invocación de la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa restricción. Está diseñada para aplicarse en situaciones en las que las autoridades locales no pueden controlar el orden público; sin embargo, su alcance no está claramente delimitado, lo que deja al presidente una amplia discreción para decidir cuándo y dónde desplegar tropas dentro del país.
Aunque uno de sus apartados exige el consentimiento del estado afectado, otros dos permiten el envío de fuerzas armadas sin autorización local e incluso en contra de la voluntad del gobernador.
La norma no debe confundirse con la ley marcial, ya que no implica que el Ejército asuma el control del gobierno civil, sino que apoya a las autoridades locales en tareas específicas.
La última vez que se utilizó fue en 1992, cuando el entonces presidente George H.W. Bush respondió a la solicitud de California para controlar los disturbios en Los Ángeles, tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear al afroamericano Rodney King.
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Históricamente, la ley también fue invocada en contra de la oposición de los estados, como en los años 50 y 60, cuando los presidentes Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la usaron para garantizar la integración racial en escuelas públicas tras el fallo del caso Brown vs. Board of Education.
El Centro Brennan advierte que la falta de límites precisos convierte la ley en una herramienta susceptible de abuso, por lo que ha propuesto su reforma al Congreso.
Aunque Trump no ha invocado formalmente la ley, advirtió que podría hacerlo “si es necesario”, señalando particularmente a la ciudad de Portland, Oregon, como una zona “en llamas”.
La tensión legal entre Oregon y el Ejecutivo federal se ha intensificado luego de que la jueza Karin Immergut, designada por Trump, prohibiera temporalmente el despliegue de soldados de la Guardia Nacional mientras analiza una demanda que alega que el envío de tropas viola la ley y resulta innecesario.
Actualmente, el gobierno puede enviar fuerzas federales sin apelar a la Ley de Insurrección, pero solo para proteger edificios y tribunales, sin facultad para detener personas ni dispersar manifestaciones, límites que desaparecerían si Trump decide invocarla.
