CHETUMAL, Q. ROO.– La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo inició el análisis formal del Presupuesto de Egresos para 2026, por un monto histórico de 56 mil 513 millones 629 mil 829 pesos, lo que representa un incremento del 9.8% respecto al ejercicio fiscal anterior.
El documento enviado por el Poder Ejecutivo divide el presupuesto en dos grandes rubros:
Gasto programable: 45 mil 752 millones 306 mil 225 pesos para dependencias, entidades, programas y servicios.
Gasto no programable: 10 mil 761 millones 323 mil 604 pesos para participaciones municipales, deuda pública y Adefas.
Distribución por poderes y órganos
El proyecto asigna recursos significativamente diferenciados:
Poder Ejecutivo: 38 mil 983 millones 60 mil 206 pesos, con incrementos relevantes en finanzas, medio ambiente y bienestar social.
Poder Legislativo: 759 millones 327 mil 669 pesos.
Poder Judicial: 1,130 millones 272 mil 597 pesos, incluyendo fondos del FASP y FAFEF.
Órganos autónomos con ajustes diferenciados
Los órganos constitucionalmente autónomos recibirán en conjunto 2 mil 183 millones 998 mil 27 pesos, con variaciones notables:
Fiscalía General del Estado: 1,675 millones 354 mil 742 pesos (25 millones menos que en 2025).
Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO): 219 millones 663 mil 150 pesos (aumento del 17%).
Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción: 107 millones 626 mil 768 pesos.
Comisión de Derechos Humanos: 76 millones 858 mil 458 pesos.
Proceso de análisis y aprobación
La Comisión de Hacienda del Congreso local realizará un análisis detallado del proyecto, que deberá ser discutido y aprobado por el pleno antes del 31 de diciembre, conforme al calendario de aprobación del Presupuesto de Egresos estatal.
Este presupuesto récord refleja la expansión de la administración pública en Quintana Roo y responde a las demandas de servicios en un estado con crecimiento poblacional y turístico acelerado, aunque también plantea debates sobre la eficiencia en el gasto y la priorización de recursos ante necesidades urgentes en infraestructura, seguridad y servicios públicos.
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