Revelan red de empresas fantasma ligada a recursos públicos

Una investigación periodística ha puesto bajo la lupa una presunta red de empresas fantasma vinculada al manejo de recursos públicos federales y operadores políticos en Quintana Roo, lo que ha generado debate sobre la transparencia en la asignación de contratos gubernamentales.

De acuerdo con información publicada por el portal Ruptura360, basada en datos de la organización mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa Grupo de Tecnología Cibernética (Grupo Tecno) habría transferido más de 65 millones de pesos a compañías consideradas fachada.

Según la investigación citada, estas empresas estarían relacionadas con César Adrián Gamboa Montejo, identificado como responsable de finanzas del Partido del Trabajo en Quintana Roo.

Un contrato millonario en el centro del caso

El origen de los recursos estaría vinculado a un contrato otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la operación del sistema de emisión de pasaportes en México.

El contrato fue adjudicado en 2020 y tiene un valor cercano a 3 mil 800 millones de pesos, con vigencia prevista hasta el año 2026.

Uno de los aspectos señalados en la investigación es la capacidad operativa de la empresa beneficiada. De acuerdo con los registros citados, Grupo Tecno contaba con apenas 19 empleados y una nómina anual aproximada de 600 mil pesos, situación que ha generado cuestionamientos sobre su estructura para operar un contrato de esa magnitud.

El rastro del dinero

Tras recibir el contrato, la empresa habría dispersado recursos hacia al menos 10 empresas presuntamente fantasma, mediante la emisión de cerca de 250 facturas, en lo que especialistas identifican como un posible esquema de triangulación financiera.

Las compañías receptoras tendrían vínculos con estructuras empresariales y políticas relacionadas con el responsable financiero del Partido del Trabajo en Quintana Roo.

Además, algunos registros mercantiles analizados muestran coincidencias en domicilios fiscales, representantes legales y socios, lo que ha encendido alertas sobre una posible red corporativa utilizada para simular operaciones.

Red empresarial bajo observación

La investigación citada también señala que la red podría ser más amplia. Registros mercantiles apuntan a una estructura de hasta 40 empresas que comparten socios, direcciones o representantes legales.

De acuerdo con la información publicada, al menos 12 de estas compañías aparecen en listados del Servicio de Administración Tributaria como empresas que simulan operaciones, conocidas como “factureras”, utilizadas para emitir comprobantes fiscales sin actividades económicas reales.

Recursos públicos de varias dependencias

El análisis de movimientos financieros también menciona que la empresa habría recibido recursos provenientes de diferentes instituciones públicas.

Entre ellas figuran contratos con entidades como Petróleos Mexicanos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Nacional Electoral.

En conjunto, estas dependencias habrían otorgado alrededor de 374 millones de pesos adicionales entre 2020 y 2021, según los datos citados en la investigación.

Negaciones y debate público

El operador político mencionado ha negado vínculos directos con las empresas señaladas en la investigación. Sin embargo, documentos oficiales citados indican que continúa figurando como responsable financiero del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral.

El caso vuelve a colocar en el debate público el uso de empresas factureras y redes corporativas presuntamente utilizadas para triangular recursos provenientes del erario, un esquema que ha sido detectado en distintas investigaciones anticorrupción en México.

Fuente: Ruptura360 

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