Cancún, 22 de enero 2024. – El Gobierno de Mara Lezama se mantiene firme en su intención de revocar la concesión otorgada a Aguakan, pues la trama legal que envuelve a la empresa ha tomado un nuevo rumbo, ya que el gobierno estatal ha presentado una denuncia por fraude procesal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Aguakan.
Desde diciembre del 2023, la empresa encargada del servicio de agua potable y alcantarillado al norte del estado, inició una lucha ante un juzgado federal en contra de la acción del Congreso local que votó para que la concesión a la que le faltaban 30 años más, perdiera su vigencia a inicios de este año, pero de acuerdo con la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, esta lucha ha sido promovida mediante engaños al juez Julio César Ortiz Mendoza.
“Los abogados detectaron algunas irregularidades que pueden ser indicios del delito de fraude procesal, el cual consiste en argumentos que promueve Aguakan a su favor, pero son falsos y tienen la intención de ganar el amparo”.
En la denuncia presentada por el gobierno estatal ante la FGR, se argumenta que la demanda con la que Aguakan inició el proceso legal ante el juzgado federal se basa en información incompleta que la misma empresa omitió.
Entre ellos, más de 20 oficios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que señalan incumplimientos en los planes de inversión en los que se detectaron diferencias de más de cuatro mil millones de pesos de rezago, así como los procedimientos administrativos y violaciones ambientales que iniciaron autoridades ambientales y municipales en donde actualmente opera.
“Como autoridad se debe promover el cuidado máximo de la población y los bienes. Al final de cuentas, se le debe preguntar a la gente cómo son las condiciones que tienen con el servicio y basta con esto para entender la motivación de la legislatura para cancelar a partir de este año la concesión”, dijo.
En los próximos días, la FGR judicializará el caso por posible fraude procesal en el que retomará una serie de investigaciones por los posibles actos de corrupción en los que Aguakan participó en 2014, para que el gobierno de Roberto Borge autorizara la ampliación de la vigencia de la concesión.
Avances en el tema legal
El pasado 3 de enero, el gobierno estatal dio el primer paso en contra de Aguakan al presentar un recurso de queja en contra del juez que otorgó a la empresa la suspensión provisional para que continuará brindando los servicios en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. Este reclamo con número de expediente 4/2024, fue rechazado por Segundo Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún al ser encontrado infundado.
Con la denuncia presentada por el gobierno estatal ante la FGR, la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso, no se quedó de brazos cruzados y presentó el pasado viernes un nuevo recurso de queja, pero ahora en contra del contra el Juzgado Octavo de Distrito en Cancún por haber admitido la demanda de Aguakan.
Ambos recursos han provocado la suspensión de la audiencia incidental programada para el pasado 19 de enero, en la cual se determinaría la forma de operar de Aguakan durante este proceso. Lo mismo ha ocurrido con la audiencia constitucional, en la que se dará la respuesta final al proceso legal.
Por ahora, el expediente asignado al caso Aguakan, tiene dos temas pendientes: la queja presentada por la Jugocopo en contra del juzgado al aceptar la demanda de Aguakan y la denuncia del Gobierno Estatal por fraude procesal.
