Ciudad de México, Quintana Roo, 24 de enero 2024. – El retiro de la concesión de Aguakan para los cuatro municipios de Quintana Roo, ya hicieron eco en la conferencia del presidente de México. Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina “La Mañanera”, dijo que el proceso tardará pero se debe buscar que se cancelen este tipo de contratos. AMLO se pronuncia
“Se me hace un abuso, un acto de prepotencia, creo que la gobernadora también está a favor de suspender ese contrato que le entregaron a esa empresa; mi recomendación respetuosa sería que se actuara. Si es un asunto del estado, que la gobernadora, con todo respeto, es libre y soberana, pero que se pronuncie”, dijo el presidente.
Consulta pública desechada
En una consulta pública realizada en Quintana Roo, realizada el pasado 5 de junio de 2021 más de 35% del padrón electoral votó a favor de rescindir el contrato con la concesionaria, Aguakan, la mayoría indicaba altos costos del servicio.
El Congreso de Quintana Roo aprobó en diciembre pasado, el decreto 195 para la suspensión del servicio, pero este fue suspendido por un juez.
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El pasado viernes el juzgado Octavo de Distrito con residencia en Cancún, tuvo una audiencia relacionada con el juicio de amparo 1323/2023-VIII, promovido por la misma empresa de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguakan.
El juez, Julio César Ortiz Mendoza, como respuesta, concedió la suspensión definitiva del Decreto 195, en el que la Legislatura utilizó para revocar la concesión a Aguakan y con ello, retirarle el servicio para cuatro municipios: Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen.
Ante dicha respuesta, Fiscalía General de la República (FGR), ya investiga a la empresa por engañar al juez de Amparo y beneficiarse para mantener la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado hasta el 2053.
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El gobierno de Mara Lezama, presentó la denuncia ante la instancia a cargo de Alejandro Gertz Manero contra Desarrollos Hidráulicos de Cancún. Se argumenta haber engañado al Juez Octavo de Distrito del Estado de Quintana Roo, al presentar una demanda de amparo en contra del Decreto número 195.
Este decreto que el pasado 22 de diciembre promovió el diputado de Morena, Luis Humberto Aldana y que la Legislatura abrogó para retirarle la concesión con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053, fue aprobado por unanimidad por la XVLL Legislatura del Estado, pues había un reclamo social en una consulta ciudadana vinculante.
Cabe mencionar que al expirar el contrato de agua potable otorgado a Aguakan en 1990 también se anuló el decreto de 2014, año en que el entonces gobernador Roberto Borge, concedió una ampliación anticipada de la concesión hasta 2053.
Se estima que la concesionaria subsidiaria del Grupo Mexicano de Desarrollo de Jorge Ballesteros, obtuvo una prórroga de 30 años a cambio de más de mil millones de pesos que fueron desviados.
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De acuerdo con las autoridades estatales, la concesionaria ocultó al Juez de Amparo:
- Incumplimientos de obligaciones de infraestructura
- Falta de dictámenes de impacto ambiental
- Calificaciones reprobatorias respecto al cumplimiento de la concesión
- Deficiente cobertura de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.
Por su parte, autoridades ambientales como la Procuraduría Ambiental Estatal, mantiene procedimientos administrativos por violaciones relacionadas a daños al ambiente.
Cristina Torres, secretaria de gobierno en Quintana Roo, informó que dentro de las etapas de los amparos hay dos formatos, uno es de los incidentes donde se determina si la empresa debe o no seguir prestando el servicio hasta que se resuelvan las razones de fondo, estas últimas fueron tomadas en cuenta por el Congreso para no permitir la prórroga de la concesión, es decir, Aguakan no ha ganado el fondo.
Esto se tenía previsto ya desde el gobierno estatal. Lo más importante es que los usuarios tengan de manera eficiente el servicio de agua.
Lo que sigue es que, si los ciudadanos no se sienten satisfechos por el servicio, se busca que la prórroga no debe continuar.
El Congreso se fue a la queja, se sigue avanzando para que se respete la opinión de los ciudadanos. Sin embargo, Aguakan refiere que tanto el gobierno estatal junto con el Poder Legislativo, incurren en cierta ilegalidad, pues, asegura que debieron ser los gobiernos municipales, no el Estado quienes en sus facultades debieron decir si sí o no deseaban continuar con el servicio de agua potable y no la intervención del gobierno estatal.
La secretaria de gobierno mencionó que lo dicho por Aguakan no aplica, pues, solo el Poder Legislativo puede abrogar el decreto donde se les autorizaba 30 años más de servicio y concesión, nadie más podía abrogar este, por lo que, aseguró que es lo que hicieron conforme a la ley.
Lo que hizo fue avanzar y abrogar su propio decreto y es el propio poder legislativo que puede abrogarla no así el Ejecutivo, ni los municipios tienen dicha facultad, aseguró.
Aseguró que mientras los ciudadanos reciban el servicio por parte de la concesionaria, deberán pagarle a la empresa el servicio de agua potable, será hasta el dictamen final se determinará a quien deberá pagar el servicio.
(Información de Teresa Pérez)
