La organización Human Rights Watch (HRW) ha instado al Gobierno de México a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal y a erradicar las barreras legales y sociales que impiden el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país. Este llamado cobra especial relevancia en el Estado de México, donde el aborto sigue prohibido, salvo excepciones limitadas, y las autoridades no garantizan el acceso incluso en los casos permitidos por la ley.
HRW recordó que el Congreso de la Unión tenía hasta finales de 2023 para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenaba la eliminación de la prohibición del aborto del Código Penal Federal. Sin embargo, el aborto sigue criminalizado en todos los códigos penales estatales y federal, aunque 15 estados han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas (y hasta la semana 13 en Sinaloa).
El informe de HRW, titulado “Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México”, destaca que, aunque el aborto por violación es la única excepción reconocida en todos los códigos penales, las mujeres en el Estado de México enfrentan graves obstáculos para acceder a este derecho. Entre los principales problemas se encuentran la negación de servicios, la falta de información, el maltrato y la imposición de requisitos arbitrarios por parte de los proveedores de salud.
Un caso emblemático es el de Ana, quien quedó embarazada tras una violación y enfrentó dificultades para obtener un aborto en el Estado de México. A pesar de que logró interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, cuando intentó denunciar la violación, la Fiscalía le impidió hacerlo argumentando que “un delito borra otro delito”, refiriéndose al aborto que había practicado.
HRW señala también el miedo que generó el Gobierno
HRW también documentó que el miedo a la criminalización disuade tanto a los profesionales de la salud como a las mujeres de acceder a los servicios de aborto. Esto se refleja en las 740 investigaciones penales por aborto iniciadas en la Fiscalía del Estado de México entre enero de 2018 y marzo de 2023.
Además, la organización señaló que las instituciones de salud federales, como el IMSS y el ISSSTE, no ofrecían servicios de aborto en el Estado de México hasta junio de 2024, a pesar de estar obligadas por la sentencia de la SCJN de 2023.
La falta de personal y la objeción de conciencia también contribuyen a las demoras en la atención, contraviniendo las normas internacionales de derechos humanos. HRW concluye que es urgente que México avance en la despenalización del aborto y garantice el acceso seguro a este servicio en todo el país.
Para seguir leyendo: Sheinbaum anuncia a Alejandro Svarch Pérez como próximo director general del IMSS-Bienestar
