Chetumal, 16 de febrero 2023.- La Comisión de Justicia del Congreso retoma este jueves el análisis de solicitudes de juicio político pendientes, aunque se adelantó que en el más reciente, relacionado con temas de movilidad, está prácticamente descartado.
Los integrantes de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura del Congreso del Estado analizarán y estudiarán los requisitos de procedibilidad de la denuncia de juicio político del expediente JP-01/2023, del expediente JP-01/2022 y del expediente JP-10/2015, uno de ellos contra el magistrado Mario Aguilar Laguardia y otro contra exfuncionarios del municipio de Solidaridad.
Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, recordó que en el caso de la solicitud en contra de tres funcionarios estatales interpuesta por socios conductores de Uber, ésta no cumple con los procedimientos, debido que antes de hacer la petición, era necesario “que el órgano jurisdiccional federal determine si se violó o no su sentencia”.
Recientemente choferes de la plataforma de transporte Uber solicitaron juicio político contra Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo); Cristina Torres Gómez y Erika Castillo Acosta, secretaria y directora del gobierno estatal, respectivamente.
“Ya hemos platicado con los choferes de Uber en Cancún, y no podemos invadir una esfera federal en este sentido, prácticamente esa es una de las partes fundamentales, pero esto estará a consideración de los demás miembros de la comisión y seguramente la siguiente semana tendremos ya los dictámenes resueltos”.
Expresó que se revisan los anteproyectos en conjunto con el área Jurídica del Congreso del Estado y, seguramente, se turnarán a una segunda sesión en la que ya se dictaminará con los datos y los comentarios de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura del Congreso del Estado.
“En los anteproyectos, la comisión estudia los requisitos establecidos en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, o sea, que los funcionarios acusados de actos indebidos se encuentren en el artículo quinto, que sí sean judicializables, y segundo, que de todas las fracciones que establece el artículo sexto, las acciones o aquellos hechos que se están controvirtiendo en los juicios políticos se encuentren plasmados en la norma”.
Alday Nieto agregó que es lo que se revisa de primero en la solicitud de un juicio político y expresó que en este caso, no se cumplen estos requisitos.
Los choferes de Uber solicitaron juicio político porque a su parecer, en los tres funcionarios hubo parcialidad a favor de los taxistas y fomento a las agresiones al declarar que Uber no podía operar tras obtener un amparo federal, lo que derivó en más ataques y amenazas por parte de los ruleteros, pero además, en el caso de Rodrigo Alcázar y Erika Castillo, se agrega conflicto de intereses.
