Estados Unidos está por dar un importante paso hacia la legalización plena de la marihuana. El Gobierno de Joe Biden estudia reclasificar la hierba como una droga menos peligrosa, lo que abriría las puertas a significativos cambios económicos y legales en uno de los mercados más grandes del mundo. La propuesta ya ha sido aprobada por la agencia antinarcóticos, la DEA, y está siendo analizada por la Casa Blanca, según la agencia Associated Press.
La medida se trata de un cambio regulatorio, no de una despenalización. La medida, no obstante, es considerada de gran calado porque acabaría con algunas discrepancias entre los Estados y la ley federal. Unas 38 entidades permiten la venta de marihuana para uso medicinal y 24 de estos ya permiten su comercio para fines recreativos. Sin embargo, la Administración la considera aún una sustancia ilegal y cuya venta, transportación y comercio puede ser penado por la ley. Esto ha creado zonas grises que afectan a una industria valorada en los 30.000 millones de dólares.
La propuesta haría que el Departamento de Justicia, de quien depende la DEA, cambie la clasificación de la marihuana, una droga que lleva desde 1970 en el catálogo de las drogas más dañinas a juicio del Gobierno. En la clasificación 1 se encuentran sustancias de “potencial abuso alto” que no tienen un uso médico recomendado y para las que se desaconseja ser administradas o prescritas. En esta lista se encuentran la heroína, el ácido lisérgico, el MDMA (conocido como éxtasis), la metacualona —las pastillas que consumían los personajes de El lobo de Wall Street— y la mescalina, la sustancia activa del peyote.
Estados Unidos tiene otras cuatro clasificaciones. En la segunda se encuentra, por ejemplo, las sustancias que pueden crear una “severa” dependencia física o sicológica, pero cuyo uso médico está permitido y hasta vendido en algunas farmacias. Ahí está el fentanilo, la oxicodina, la morfina y sus derivados y otras sustancias de la familia de los barbitúricos. En la tercera categoría están los de abuso medio, como los anabolizantes, la testosterona y la ketamina. La cuarta y quinta son los de riesgos más bajos. Allí están los diazepames, el tramadol y la atropina.
De momento, no se conocen todos los detalles de la iniciativa de la DEA. La AP afirma que la agencia antinarcóticos propone colocar a la marihuana en el tercer apartado, donde están los de riesgo intermedio. El Departamento de Salud y Servicios Humanos hizo esta recomendación en agosto pasado. La sugerencia puso en marcha un largo proceso de revisión y gestiones burocráticas en las que distintas dependencias sanitarias y legales daban su opinión sobre el movimiento. Aunque un formalismo, fue muy bien recibida por los colectivos en favor de la despenalización de las drogas. Y también por la comunidad científica, quien se topa con muchos obstáculos cada vez que quiere realizar análisis clínicos con sustancias del grupo uno.
El cambio tendría un importante impacto en la industria de la marihuana. Actualmente, los dispensarios que venden la sustancia en todo el país no pueden deducir sus rentas, nóminas y otros gastos porque las leyes tributarias lo impiden para quienes trafiquen con sustancias ilícitas de la primera categoría. Esto crea varias dificultades en la operación diaria de estos negocios, que llegan a pagar en tributos federales hasta el 70% de sus ingresos. La norma tributaria no aplica para las sustancias del tercer grupo, lo que se traduciría en una rebaja de impuestos para miles de comercios.
El cambio mostraría la disposición de Biden de cambiar la estrategia de la llamada Guerra contra las drogas, una ofensiva de medio siglo que ha tenido un impacto global. El presidente demócrata ya ha dado algunas señales de que avanza en esta dirección. Su portavoz ha dejado claro que el mandatario está en favor de una legalización de la marihuana para uso medicinal.
En octubre de 2022, el mandatario perdonó todas las condenas federales leves por posesión de marihuana. El gesto benefició a unas 6.500 personas, en especial integrantes de minorías, que habían sido condenadas entre 1992 y 2021. El anunció de Biden no sacó a nadie de prisión, pero sí ayudó a limpiar los expedientes judiciales de miles. “Los antecedentes penales por posesión han impuesto barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas”, aseguró entonces la Casa Blanca en un comunicado.
