La Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (Aldea) llevó a cabo su Asamblea Nacional y llamó a aprobar a la brevedad la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.
En un comunicado, añadió que en el encuentro participaron más de 80 representantes de pueblos, comunidades y organizaciones de pueblos, comunidades y organizaciones de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, México, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México.
“No queremos prebendas, queremos autonomía para decidir en nuestros territorios. Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado, queremos derechos y reconocimiento plenos”, subrayaron los participantes, según el texto.
Entre los temas abordados en el encuentro están: la vigencia de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar (que llevan 26 años de retraso en el compromiso de traducirse en ley) y las experiencias y problemáticas que enfrentan pueblos y comunidades para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos a la libre determinación, la autonomía y al territorio.
Asimismo, la imposición de megaproyectos, las agresiones y la criminalización en contra de personas defensoras; el no reconocimiento y la violencia en contra de los autogobiernos indígenas.
También, sus instituciones tradicionales y sus sistemas normativos propios son algunos de los ejemplos que ilustraron las y los asistentes al encuentro.
Además, en la asamblea se integraron a la ALDEA más de 30 comunidades y organizaciones indígenas.
La Alianza hizo un llamado urgente al Estado mexicano para materializar la Reforma Constitucional pendiente sobre derechos colectivos prometida por el Ejecutivo, así como otras leyes federales y locales fundamentales para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos y ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público.
Si bien históricamente los pueblos y comunidades han ejercido su libre determinación y autonomía; la reforma de 2002 restringió estos derechos a la potestad de las entidades federativas, que se arrogan el derecho de reconocer, o no hacerlo, a pueblos y autoridades indígenas de manera arbitraria.
Esto es así porque el marco constitucional los designa como “sujetos de interés público” que dependen del tutelaje del Estado para practicar el autogobierno y reproducir sus formas de vida y su desarrollo.
A ello se suma, la aprobación y entrada en vigor del conjunto de leyes neoliberales (Ley Minera, Reforma Energética, Ley de Aguas Nacionales, entre otras) que justifican y legalizan el despojo a través de la ocupación de los territorios.
Ello, por considerar preferente y de utilidad pública las actividades extractivas, lo que les impide a las comunidades preservar y usar sus tierras y bienes comunes.
Agregó que con un enorme costo, los pueblos han logrado algunos avances en el reconocimiento de sus derechos en las leyes o en los tribunales.
La Aldea es un esfuerzo común de pueblos, comunidades y organizaciones para organizarse a nivel nacional y exigir de forma colectiva el respeto y garantía de sus derechos colectivos, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y los 10 puntos de Aldea, deuda histórica del Estado mexicano desde 1996.
“Desde la Aldea reiteramos nuestro llamado al presidente López Obrador y al Congreso a no seguir postergando los derechos de los pueblos originarios, a aprobar una legislación que garantice plenamente su autonomía y libre determinación y les permita construir una nueva relación con el Estado, sobre las bases de respeto e igualdad.
Solo así será posible conformar la verdadera nación pluricultural que profesa la Constitución”, concluyeron los participantes.
