Este miércoles concluyó la campaña de 60 días para la elección inédita en la que casi 100 millones de mexicanos decidirán directamente a 881 cargos del Poder Judicial, incluyendo jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La jornada electoral se realizará el próximo 1 de junio y representa un cambio histórico en la forma en que se designan a los encargados de impartir justicia en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, hizo un llamado a la “participación masiva” y defendió el proceso como un avance democrático que rompe con el modelo anterior, donde el Ejecutivo y el Senado designaban a estos funcionarios. “Quienes resulten elegidos por el pueblo van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia”, destacó.
Esta elección no solo incluye los nueve puestos de ministros en la SCJN, sino también dos plazas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 en salas regionales, cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas y 386 juzgados federales. Además, se renovarán sistemas judiciales locales en 19 estados, elevando a 3 mil 422 el total de candidaturas en disputa.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica. Líderes de oposición y exconsejeros electorales han cuestionado la transparencia de la elección, argumentando que puede ser un intento de control del Poder Judicial por parte del oficialismo. Alejandro Moreno, líder del PRI, calificó la elección como “la farsa más grande que se ha hecho en este país” y anunció que no participará.
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Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) estima una participación entre el 13% y el 20%, similar a la consulta de revocación de mandato de 2022. Aun así, expertos y organismos internacionales han alertado sobre posibles riesgos de injerencia del crimen organizado, dada la violencia y vulnerabilidad que enfrenta el sistema judicial en varias regiones del país.
Este proceso representa un momento sin precedentes para la justicia mexicana, con la esperanza de que la ciudadanía pueda influir directamente en la designación de sus jueces y magistrados.
