Un hallazgo trágico que reactiva la exigencia de justicia con perspectiva de género
El cuerpo sin vida de Nataly Monserrat González Barro, una veterinaria de 30 años reportada como desaparecida desde el 25 de diciembre, fue localizado en una zona de maleza del fraccionamiento Jardines del Sur en Cancún.
Tras el hallazgo, el Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo exigió que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue el caso con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio, subrayando la desconfianza ciudadana ante “antecedentes de investigaciones deficientes en casos similares”. Este caso expone de nuevo las grietas en la atención a la violencia feminicida en el estado.
La FGE, a cargo de las diligencias, no ha emitido un informe oficial sobre las causas de la muerte ni ha confirmado la línea de investigación. Esta falta de información inmediata y clara contrasta con la exigencia de los protocolos, que indican que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio. El colectivo recordó que en Quintana Roo la instigación al suicidio es un delito y puede constituir una expresión de violencia feminicida, por lo que debe analizarse a profundidad.
La desconfianza institucional y el patrón estatal de alertas
La reacción del Colectivo Xtabay no es aislada. Surge en un contexto donde Quintana Roo se mantiene entre los estados con mayores alertas por violencia de género. Su posicionamiento público afirma: “No confiamos en las autoridades @Fiscalía General de Quintana Roo ni el @Poder Judicial de Quintana Roo en sus versiones de los hechos”. Esta declaración refleja un déficit de credibilidad que trasciende este caso y apunta a una crisis institucional en la procuración de justicia para las mujeres.
La presión social, que se activó desde la desaparición con una amplia difusión en redes liderada por familiares —incluida la familia del comediante Carlos “El Capi” Pérez—, ahora se redirige hacia la exigencia de transparencia en la investigación. Colectivos han advertido que mantendrán la vigilancia y no descartan acciones de protesta si no hay avances claros. El manejo que la FGE dé a este caso será una prueba tangible de su capacidad para responder ante la violencia feminicida o, por el contrario, alimentará el ciclo de impunidad y desconfianza que aleja a las víctimas y sus familias de la justicia.
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