CIUDAD DE MÉXICO. – Organizaciones civiles y expertos exigieron que niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual sean incorporados de manera explícita en el Plan Integral contra el Abuso Sexual, una iniciativa que, aunque reconocen como un avance en la ruta de atención y denuncia, requiere una perspectiva específica de niñez y adolescencia para ser verdaderamente efectiva.
Cifras recabadas por Early Institute revelan un aumento alarmante de delitos sexuales contra menores: de 21,717 carpetas de investigación en 2020 se pasó a 35,866 en 2023, lo que representa un incremento del 65% en cuatro años, con un repunte particular del 21% solo entre 2022 y 2023.
Un problema en crecimiento
La tendencia ascendente muestra la urgencia de la atención:
2020: 21,717 casos
2021: 22,410 casos
2022: 29,726 casos (aumento del 32%)
2023: 35,866 casos (aumento del 21%)
“Si bien la violencia sexual contra las mujeres requiere atención prioritaria, es indispensable incorporar una perspectiva de niñez, dado que niñas, niños y adolescentes también son víctimas de esta grave problemática”, señalaron los especialistas.
Llamado a la acción legislativa y social
Las organizaciones urgen a las autoridades federales y a los congresos estatales a:
Incorporar la perspectiva de niñez y adolescencia en el Plan Integral
Revisar y armonizar la tipificación de los delitos sexuales a nivel nacional
Garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas, independientemente de su edad
Fomentar la participación social en la prevención, detección y denuncia
“Las infancias y adolescencias enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad y riesgo”, subrayaron desde Early Institute, organización que ha documentado el constante incremento de estos delitos.
La exigencia se enmarca en un contexto donde la violencia sexual contra menores no solo crece en números absolutos, sino que evidencia fallas sistémicas en la protección, judicialización y reparación del daño, por lo que la inclusión explícita de este grupo en las políticas públicas se considera un paso ineludible para combatir la impunidad y proteger a las víctimas más jóvenes.
