La Fiscalía General de la República (FGR) destituyó a Arturo Serrano Meneses como titular del Órgano Interno de Control (OIC), junto con nueve miembros de su equipo, por presuntos actos de corrupción. La decisión, que marca un fuerte reacomodo interno, se da en medio de señalamientos por delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y omisiones graves.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, las irregularidades habrían ocurrido dentro de la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, bajo responsabilidad de Serrano Meneses. Entre las acusaciones destacan presuntas fallas en el manejo de información pública y en la protección de datos personales, áreas clave para la transparencia institucional.
Fuentes extraoficiales apuntan que el contralor autorizó modificaciones en un procedimiento de incineración de supuesta droga en Guanajuato, que posteriormente se confirmó no correspondía a estupefacientes, sino a otra sustancia. Este hecho, sumado a otros señalamientos, habría motivado la remoción inmediata.
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Junto con Serrano Meneses fueron separados de sus cargos: el secretario particular Martin Javier Morales Ramírez; el secretario técnico José María Peña Domenech; el titular del Área de Responsabilidades, Carlos Enrique Rascón Yrizar; el titular de Denuncias e Investigaciones, Josué Roberto Crespi Galicia; el titular de la Unidad de Control y Evaluación, Sergio Agustín Taboada Cortina; el jefe de la Unidad de Verificación, José Alzati Cambrón; el responsable de la Unidad de Auditoría Interna, Héctor Manuel Montes Gaytán; el titular de la Unidad Jurídica Contenciosa y de Evolución Patrimonial, Alejandro Vélez Walter; y el coordinador administrativo, Javier Maldonado Pierrette.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que será el fiscal Alejandro Gertz Manero quien debe explicar públicamente las razones de la destitución y definir si se aplicarán sanciones administrativas o penales. La mandataria señaló que la transparencia en este caso es fundamental para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones.
