CIUDAD DE MÉXICO, 5 de septiembre.— Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, sí estuvo en las primeras reuniones con las que el gobierno de Enrique Peña Nieto atendió la crisis caso Ayotzinapa, según documentos del Ejército en poder del periódico El País.
De acuerdo con la publicación de El País, los documentos sitúan a García Harfuch en Iguala (Guerrero) el 7 y 8 de octubre de 2014. Ocupaba entonces un puesto de comisario en la división de Gendarmería de la Policía Federal. Antes había dirigido la Federal en Guerrero.
García Harfuch no ha querido hacer comentarios a El País sobre estos documentos. Cuestionado por su papel en el caso estos años, el actual jefe de policía de Ciudad de México ha repetido en varias ocasiones que para cuando ocurrió el ataque contra los estudiantes normalistas él había dejado Guerrero y “ya estaba en Michoacán”.
Los documentos, de los que EL PAÍS tiene copia son dos minutas de “juntas de autoridades” mantenidas en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala. Para entonces, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) acababa de asumir la investigación por el ataque contra los estudiantes normalistas y la desaparición de 43 de ellos, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en el municipio.
Tomás Zerón, director en la época de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría (AIC), dirigió las reuniones. Huido a Israel, Zerón es hoy prófugo de la justicia mexicana, que le busca por delitos de tortura y desaparición forzada, entre otros.
La presencia de García Harfuch en Guerrero antes, durante o después del ataque, el nivel de conocimiento que tuvo de lo ocurrido y su relación con la actuación de los que eran o habían sido sus subordinados en Iguala son cuestiones todavía por aclarar. Actualmente, tres de los policías federales que estaban de servicio en el municipio durante el ataque están en prisión. Según la actual administración de la Fiscalía, los policías participaron en la desaparición de los muchachos en uno de los escenarios del ataque, el Palacio de Justicia.
Otra cuestión sin aclarar es la posible participación de García Harfuch en más reuniones en Iguala, antes o después de las del 7 y el 8 de octubre de 2014. En la reunión del día 8, por ejemplo, Zerón cita a los participantes a una nueva junta dos días más tarde, a la que, dice, acudirá también el procurador general entonces, Jesús Murillo Karam.
Las dudas sobre el actuar de García Harfuch en el caso Ayotzinapa trascienden su presencia en Iguala. Tras la detención del presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, apenas 10 días después de que se celebraran estas reuniones, las autoridades le hallaron una libreta, donde aparecían nombres y números de teléfono de funcionarios. Entre los contactos de Casarrubias figuraba García Harfuch.
En otro asunto, el testigo protegido Juan, parte de Guerreros Unidos, ha declarado a la Fiscalía que García Harfuch estaba en la nómina del grupo criminal. “Recibía 200.000 dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el Estado de Guerrero. Brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas”, dijo. García Harfuch, que hace apenas dos años sobrevivió a un ataque de otro grupo criminal en la capital, siempre ha negado cualquier vínculo con Guerreros Unidos.
A la “junta de autoridades” del 7 de octubre, que inició a las 10.15 de la mañana, acudieron en total 18 personas. Además de Zerón y Harfuch, allí estaban el general Alejandro Saavedra, jefe del Ejército en Guerrero en la época, el procurador de justicia del Estado, Iñaki Blanco, el jefe de la Unidad Antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez, o el jefe de la policía de investigación de la PGR, Carlos Gómez Arrieta. También estuvo Bernardo Cano, asistente de Zerón, convertido recientemente en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso.
Hace semana y media, la Fiscalía señaló, a partir del testimonio de Cano, que en la reunión del 7 de octubre se empezó a fraguar la “verdad histórica”, relato que divulgó el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sobre el destino de los normalistas, hoy rechazado. De acuerdo a esta versión, los 43 fueron asesinados, quemados en un basurero cerca de Iguala, y sus restos arrojados a un río. Según la Fiscalía, Zerón y compañía construyeron este relato para cerrar rápido la investigación y atajar así el “clamor social” que el ataque había generado. La dependencia aireó el testimonio de Cano en la audiencia de acusación contra Jesús Murillo Karam, procurador general en la época del ataque, superior inmediato de Zerón. Murillo está preso, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
Tras la revelación de la Fiscalía, García Harfuch publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, negando cualquier participación en la construcción de la verdad histórica. “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”, escribió.
Días antes de la audiencia de Murillo, la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa presentó un informe sobre sus pesquisas. El texto concluía que el ataque contra los normalistas había sido un crimen de Estado. Primero, por la participación de autoridades de diferentes niveles de Gobierno en el ataque y la desaparición de los muchachos. Segundo, por la construcción de un relato falso, la verdad histórica, ocultando así la realidad. En la parte que el informe dedica a este segundo punto, la comisión dice que García Harfuch fue “enlace operativo” para desarrollar la investigación que concluyó en la verdad histórica.
