El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y otorgó un plazo de 72 horas para que el personal adscrito a ella abandone el país.
Gil agregó que el Gobierno realizará en los próximos 30 días una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa agencia.
“Esa oficina se ha desviado de su mandato”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, afirmando que la organización ha tenido un “impropio papel” y “se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición más extrema del país”.
El Gobierno añadió en un comunicado que la medida se mantiene hasta que rectifiquen ante la comunidad internacional lo que llamó su actitud “colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que lamenta la decisión de Venezuela y está evaluando los próximos pasos.
“Seguimos colaborando con las autoridades y otras partes interesadas. Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”, dijo en un comunicado la portavoz Ravina Shamdasani.
Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación por la situación de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien fue detenida la semana pasada bajo acusaciones de la Fiscalía de haber participado en un supuesto intento de conspiración contra Maduro, una afirmación que ha sido ampliamente cuestionada.
La agencia de la ONU exigió este martes la liberación inmediata de San Miguel, mientras que una misión de investigación respaldada por Naciones Unidas declaró que su detención era parte de “una serie de eventos que parecen ser parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a los percibidos opositores”.
La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática expresó su rechazo por la expulsión de la oficina de la ONU. En un mensaje publicado en X, el bloque dijo que esta medida “ratifica el carácter totalitario del régimen”, que “no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DDHH en nuestro país”.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela condenó la decisión del Gobierno. “La misión de la ONU ha estado en el país desde 2019, y su salida aumenta la desprotección de las víctimas de violaciones de DD.HH. y disminuye la observancia”, indicó en su cuenta de X, antes Twitter.
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El anuncio del Gobierno de Maduro también se produce luego de que este miércoles el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, dijera tras una visita al país que, de acuerdo con observaciones preliminares, ocho de cada 10 venezolanos viven en la pobreza (82%) y más de la mitad en pobreza extrema (53%).
Fakhri explicó también que la alta inflación en Venezuela —que cerró en 193% anual el año pasado— debilita el poder adquisitivo de las personas y aumenta los riesgos de sufrir inseguridad alimentaria.
Agregó que para enfrentar esta situación algunos ciudadanos optan por “mecanismos negativos” como reducir el tamaño de las raciones de las comidas, saltarse alguna en el día o comprar alimentos sin valor nutricional.
Asimismo, Fakhri, quien llegó a Venezuela el 31 de enero para la investigación, dijo que algunas “mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida”, una situación que —añadió— ha sido reportada por numerosas organizaciones y que prevé incluir en su informe de conclusiones, que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo.
