La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” ante la reforma judicial en México que establece la elección popular de jueces, y advirtió que monitoreará su implementación para asegurar que se respete la independencia del Poder Judicial. La reforma se promulgó el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuenta con el respaldo de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Durante una audiencia celebrada en Washington, Andrea Pochak, relatora de la CIDH para México, afirmó que “tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”.
La audiencia fue solicitada por jueces y trabajadores del Poder Judicial, quienes temen que el cambio legislativo abra la puerta a una posible intromisión del Ejecutivo en la Justicia, ya que el oficialismo podría promover a sus candidatos para las elecciones de jueces que comenzarán en 2025. En su defensa, el Gobierno argumenta que la elección popular refuerza la democracia y afirma que la reforma es constitucional, ya que se aprobadó con mayoría en el Congreso.
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Pochak subrayó que cualquier reforma judicial debe preservar “principios básicos” como la meritocracia y evitar la injerencia de otros poderes. Recordó que experiencias similares en otros países han resultado en una “mayor deslegitimidad del sistema judicial”. Por su parte, el comisionado Carlos Bernal fue más crítico, calificando la reforma como un “ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo”, al señalar que el Gobierno está “intentando desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo”.
La presidenta Sheinbaum defendió la reforma, destacando que México es “un país libre, soberano e independiente” y que las reformas constitucionales responden a la voluntad del pueblo. También cuestionó la rapidez con la que la CIDH atendió la queja, señalando que usualmente estos casos toman años en resolverse.
Ante la controversia, la CIDH se comprometió a monitorear la situación y a mantener un “diálogo permanente” con el Estado, destacando que México ha demostrado respeto hacia el sistema interamericano de derechos humanos.
