La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles analiza declarar un estado de emergencia ante el impacto de las recientes redadas federales contra migrantes.
La moción, presentada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, fue aprobada en una primera votación con cuatro votos a favor y uno en contra, y será sometida nuevamente a votación el 14 de octubre. De aprobarse, otorgaría al condado mayores facultades para asistir a las personas afectadas por las detenciones y deportaciones registradas desde junio.
“Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (…) Declarar una emergencia local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades migrantes”, declaró Horvath.
La medida permitiría acelerar la contratación de personal y servicios, así como expandir la asistencia financiera y legal para familias migrantes. También contemplaría protecciones adicionales para inquilinos, incluyendo una posible moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos a causa de las redadas.
En paralelo, la Junta solicitó un informe legal para identificar mecanismos que respalden esta declaratoria y garanticen la protección de las familias afectadas por la aplicación de leyes federales de inmigración.
El condado de Los Ángeles, uno de los más poblados y diversos del país, especialmente recibió el golpe de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que desde junio han dejado miles de detenciones y generado un clima de temor en las comunidades migrantes.
La iniciativa será clave para definir la postura institucional del condado frente a las redadas y el alcance de su apoyo humanitario a las víctimas.
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