La senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, denunció como “una puñalada traicionera” la decisión del gobierno federal de incrementar el Derecho de No Residente (DNR) y eliminar la exención para cruceristas. Según la legisladora, estas medidas ponen en riesgo la competitividad turística de la región, al tiempo que podrían desencadenar graves repercusiones económicas y sociales.
En primer lugar, el aumento del DNR, que subirá de 717.14 a 860.56 pesos en 2025, implica un incremento del 20%. Además, la eliminación de la exención para pasajeros de cruceros encarecerá las operaciones de las navieras en México hasta en un 213%, de acuerdo con datos de la Florida-Caribbean Cruise Association. Esto podría provocar que las empresas reconsideren sus rutas, lo que impactaría directamente a Quintana Roo, uno de los principales destinos turísticos del país.
Por otro lado, Martínez subrayó que estas decisiones podrían tener un efecto devastador en el empleo y la economía local. Se estima que podrían perderse 20,000 empleos directos, lo que representaría una reducción de más de 200 millones de dólares en salarios. Asimismo, habría una caída de hasta 1,000 millones de dólares en ingresos para las empresas nacionales relacionadas con el turismo de cruceros.
En este contexto, la senadora también criticó el redireccionamiento de los recursos generados por el DNR. Explicó que el 67% será destinado a la SEDENA y el resto a un fondo discrecional del gobierno federal, desviándose de su propósito original de fomentar la promoción turística. Martínez calificó este cambio como un golpe que desvirtúa el objetivo del DNR, ya que no se destina a fortalecer la industria que genera empleos y riqueza en el país.
Mayuli Martínez llama a priorizar el bienestar de las familias que dependen del turismo
Finalmente, la legisladora hizo un llamado urgente al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum para reconsiderar estas medidas, insistiendo en la importancia de dialogar con los sectores productivos y priorizar el bienestar de las familias que dependen del turismo.
En conclusión, la implementación de estas políticas plantea un desafío significativo para Quintana Roo y su economía, al tiempo que deja en evidencia la necesidad de un enfoque más equitativo y sostenible en la gestión de los recursos públicos.
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