Las nuevas revelaciones del Gobierno de México sobre el caso Ayotzinapa han dado un vuelco, otro más, al entendimiento que se tenía hasta ahora de lo ocurrido. Un coronel del Ejército ordenó asesinar a 6 de los 43 estudiantes normalistas, cautivos hasta cuatro días después del ataque, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero, según el Ejecutivo. La acusación contra un mando militar, un general en la actualidad, supone un vuelco sin precedentes, tanto o más importante que la detención, la semana pasada, del primer investigador del caso, el exfiscal general Jesús Murillo Karam.
Nunca hasta ahora, el Gobierno había acusado a un militar de participar en el ataque contra los estudiantes. Se había señalado su papel omiso en la protección de los muchachos, la intervención de las comunicaciones de presuntos integrantes de la red criminal de Iguala por parte de la Secretaría de la Defensa. Incluso, la Fiscalía había conseguido la detención de un capitán del batallón de Iguala por colaborar con Guerreros Unidos, grupo delincuencial que operó el ataque. Pero el nuevo señalamiento, el hecho de que el máximo responsable del cuartel de Iguala, a cargo de cientos de soldados, hubiera ordenado el asesinato de estudiantes cautivos, cambia radicalmente el relato.
El giro es aún más relevante porque Andrés Manuel López Obrador ha hecho de las fuerzas armadas uno de los grandes aliados de su proyecto político, la Cuarta Transformación. Hace tan solo unas semanas, el presidente emitió un decreto para que la Guardia Nacional, el cuerpo heredero de la Policía Federal, pase a depender del Ejército. Es la enésima concesión a los militares, que ya tienen asignada la gestión de los grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya. El mandatario no ha asestado personalmente el golpe ni ha sido el responsable de divulgar las conclusiones del informe de la comisión que investiga el caso, pero el escenario desde el que se han hecho estas revelaciones fue, el viernes, su conferencia de prensa matutina. Esto es, su propia tribuna y el espacio con mayor rango de oficialidad en la difusión de anuncios gubernamentales en México.
La información fue divulgada, de hecho, como un dato aparentemente menor. Lo hizo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que acudía a la mañanera a hacer un balance de las indagaciones. Encargado de la comisión presidencial del caso, Encinas ya había presentado el informe el jueves anterior, pero la detención de Murillo al día siguiente y el anuncio de la Fiscalía de la obtención de decenas de órdenes de detención contra militares, policías y autoridades de Guerrero, generaban cantidad de dudas.
Este último paso tiene unas consecuencias aún difíciles de calcular, tanto en la investigación como en los equilibrios entre el Gobierno y el Ejército, que casi siempre había gozado de un trato preferencial. Uno de los casos más sonados fue el de la exoneración del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos tras su detención en California en 2020 por presuntos vínculos con el narcotráfico, según la DEA, y posterior extradición.
Este viernes, Encinas insistió en que el ataque contra los normalistas fue un “crimen de Estado”, cuya primera investigación, a cargo de Murillo y sus subalternos, durante el Gobierno de Enrique Peña NIeto (2012-2018), se armó a base de torturar detenidos. Esta versión planteaba que policías de Iguala y otros pueblos cercanos atacaron en diferentes puntos del municipio a los estudiantes, que habían viajado allí para reventar un acto político de la esposa del alcalde, José Luis Abarca. Los policías entregaron a los muchachos a Guerreros Unidos, que los mataron, quemaron sus cuerpos en un basurero y arrojaron sus restos a un río.
Encinas dijo que esto no ocurrió así. Los estudiantes, explicó, viajaron a Iguala a tomar autobuses para trasladarse, días más tarde, a conmemorar la matanza del 2 de octubre de 1968, en Ciudad de México. El funcionario señaló que grupos de policías y criminales atacaron a los muchachos, pensando que integrantes de un grupo rival viajaban infiltrados con ellos. Encinas dijo que otra posibilidad, compatible con la anterior, es que uno de los autobuses que los estudiantes pretendían tomar iba cargado de droga o dinero, propiedad de Guerreros Unidos.
El alcance de la noción “crimen de Estado” parece ampliarse por lo que dijo después, a tres minutos del final de su intervención. Como si tal cosa, Encinas apuntó: “Se presume que seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos, y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes de el coronel, presuntamente, el coronel José Rodríguez Pérez”. En el informe aparece el alias Coronel, pero ni Encinas ni nadie lo había vinculado con el coronel José Rodríguez. El documento plantea que “el coronel había comentado que ellos ya se habían encargado de seis estudiantes que habían quedado vivos”.
Mientras Encinas hablaba, imágenes de varios diagramas aparecían en la pantalla que había tras él, esquemas que aparecen en el informe, pero sin testar, sin tachar. Los nombres que en el informe no se pueden leer, aparecían en la pantalla como si nada. Ahí podía leerse que el coronel Rodríguez daba “órdenes” y se “coordinaba” con El Chino, jefe de comunicaciones del grupo criminal. El Chino a su vez se “coordinaba” con otro militar, actualmente preso por colaborar con Guerreros Unidos, el capitán José Martínez Crespo, a cargo de un grupo de militares que patrullaron Iguala la noche del ataque. El Chino se coordinada también con el alcalde Abarca, cuyo papel, por lo que ha dicho Encinas, fue más importante de lo que se pensaba en el ataque.
Las revelaciones sobre el papel del Ejército exige revisar todo el relato, presente y pasado. La duda principal apunta a la responsabilidad del resto de militares en la cadena de mando, empezando por el general Alejandro Saavedra, responsable del Ejécito en la zona en la época. Otras dudas apuntan a las circunstancias en que habrían asesinado a los seis estudiantes cautivos. ¿Quiénes son, por qué los mantuvieron cautivos? ¿Dónde y quiénes los mantuvieron encerrados? ¿Por qué se decidió matarlos? Y desde luego, una pregunta que sobrevuela a las demás, ¿por qué los militares se involucraron en el ataque?
La actuación militar apunta al papel que pudieron jugar otras corporaciones durante y después del ataque, principalmente la Secretaría de Marina, señalada de torturar detenidos por el caso, en el proceso de construir el relato del basurero y el río en tiempos de Murillo Karam. En marzo, el grupo de expertos independientes de la CIDH (GIEI) que investiga el caso en apoyo a la Fiscalía y la comisión presidencial, informó de que un grupo de marinos manipularon el basurero de Cocula, el escenario principal del relato que contó entonces Murillo Karam. Los marinos movieron bultos blancos en el lugar e hicieron fuego. Esta diligencia nunca se integró en el expediente.
