La Fiscalía General de Nueva York ha decidido no retirar el caso civil contra Donald Trump, ahora presidente electo, por presunto fraude en la inflación del valor de su patrimonio, un proceso que ya resultó en una multa de 450 millones de dólares a principios de este año. Según la Fiscalía, la inmunidad presidencial no aplica en litigios civiles que no estén relacionados con las funciones oficiales del presidente, por lo que el caso continuará incluso después de que Trump asuma el cargo el próximo 20 de enero.
Detalles del caso y sentencia
El tribunal determinó que Trump, junto con sus empresas, sus hijos mayores (Donald Jr. y Eric), y un exejecutivo de su compañía, inflaron deliberadamente el valor de sus activos para obtener beneficios financieros. La Fiscalía subrayó que la sentencia inicial no interfiere con las acciones que Trump emprenda como presidente, y el proceso judicial seguirá su curso contra todos los involucrados.
Respuesta de la defensa de Trump
El equipo legal del magnate solicitó formalmente a la fiscal general, Letitia James, que anule el caso y desestime las demandas, argumentando que hacerlo sería beneficioso “para el bien del país”. En una carta enviada el pasado 30 de noviembre, los abogados pidieron que se retiren las acusaciones contra Trump, su familia y sus empresas.
“Escribimos para solicitarle que desestime por completo el caso (…) y que anule la sentencia y todas las demandas en su contra”, indicó la defensa en el documento. Sin embargo, la Fiscalía ha rechazado esta solicitud.
Implicaciones de la apelación
La defensa de Trump y sus hijos apelaron la sentencia, y el caso se encuentra actualmente en proceso de revisión judicial. La Fiscalía ha expresado su disposición a esperar los resultados de esta apelación, asegurando que no interferirán con las funciones presidenciales de Trump.
Relevancia legal y política
El caso subraya que las responsabilidades legales de Trump no se extinguirán con su llegada al poder. Además, destaca la postura de la Fiscalía de Nueva York sobre la capacidad de los presidentes en ejercicio para enfrentar litigios civiles. Este caso podría tener implicaciones significativas en el ámbito político y judicial, considerando que afecta tanto a Trump como a su círculo cercano.
La decisión de continuar con este proceso podría convertirse en un foco de atención para la administración de Trump, que enfrentará tanto los desafíos legales como las expectativas de liderazgo a partir de enero.
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