La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó su primera audiencia pública sobre el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, en la que la ministra Lenia Batres Guadarrama presentó un proyecto que busca modificar el criterio actual para invalidar leyes cuando no se haya realizado una consulta previa a este sector.
“Este pleno decidió ya el 7 de octubre abandonar un criterio que hacía obligatoria la invalidez de leyes o porciones normativas cuando no se hubiera realizado una consulta a las personas con discapacidad específicamente”, explicó la ministra, Lenia Batres.
Sin embargo, colectivos y activistas con discapacidad que acudieron a la sede del máximo tribunal rechazaron la propuesta, al considerar que abre la puerta a legislar sin escuchar a las personas directamente afectadas.
“La consulta es un derecho, no una opción”, expresó Saori Pérez Milo, activista autista.
Durante la sesión, la ministra Yasmín Esquivel puntualizó que el objetivo de la audiencia era precisamente escuchar las voces de las personas con discapacidad, mientras que el ministro Giovanni Figueroa señaló que el planteamiento “aún está en debate”.
Previo al encuentro, organizaciones advirtieron que el cambio propuesto podría debilitar la participación y autonomía del sector, al trasladarles la carga de solicitar las consultas.
“Podemos volver a caer en el paternalismo, en la idea de que las personas con discapacidad están enfermas y otros deben decidir por ellas. Ese es un riesgo muy alto”, alertó Catalina Torres, del Centro Educativo para Niños Sordos.
Los asistentes reiteraron su exigencia de que los congresos no legislen sobre sus derechos sin consultas previas, libres y accesibles, tal como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos.
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