Chiapas, 22 de julio 2024. – La violencia en el estado de Chiapas ha escalado debido a disputas entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha llevado a bloqueos carreteros custodiados por civiles armados en varios municipios. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ha solicitado protección para los habitantes de las zonas afectadas, donde se han reportado reclutamientos forzados y ejecuciones por parte de los grupos criminales.
Disputas entre cárteles: riesgos para la población civil en municipios de Chiapas
La región fronteriza con Guatemala ha sido escenario de múltiples hechos delictivos desde que líderes como ‘El Güero Pulseras’ y ‘El Señor de los Caballos’ asumieron el control de los cárteles en la zona. En un violento episodio reciente, sicarios del CDS grabaron los cuerpos de sus víctimas tras un enfrentamiento en La Concordia, donde 19 cadáveres fueron encontrados en un camión de volteo.
En otro incidente, un comando del CJNG asaltó el ejido de Nueva Morelia en Chicomuselo y asesinó a 11 personas, incluidas dos catequistas de la iglesia católica. Este ataque se produjo en una región estratégica para el control y extracción de recursos minerales, como la mina La Revancha, uno de los asentamientos de barita más grandes del mundo.
Acciones urgentes requeridas: protección de comunidades afectadas
Ante esta situación, la Red TDT ha exigido al Estado que tome medidas urgentes para hacer frente a la violencia y proteger a las comunidades afectadas. Es crucial garantizar la seguridad de los habitantes de municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo, que se han visto afectados por los enfrentamientos entre cárteles rivales.
En medio de esta crisis de violencia, es fundamental que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a la población civil y evitar que se sigan perpetrando actos criminales en la región. La colaboración entre diferentes organismos de derechos humanos y el Gobierno Federal es crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por esta escalada de violencia en Chiapas.
