La Secretaría de Educación de Quintana Roo confirmó este viernes la separación inmediata del cargo de un prefecto de la secundaria Javier Rojo Gómez, ubicada en la supermanzana 228 de Cancún, luego de que alumnos y padres de familia hicieran públicos señalamientos por agresiones físicas y violación a la intimidad personal.
Las acusaciones estallaron el jueves por la tarde, cuando decenas de estudiantes, acompañados por sus familias, se reunieron a las afueras del plantel para denunciar una serie de abusos que, según testigos, venían ocurriendo desde hace más de un año. A pesar de los reportes previos y escritos presentados, fue hasta esa jornada que la autoridad educativa tomó conocimiento formal del caso.
¿Qué pasó?
La Secretaría de Educación actuó de inmediato. Este viernes se dio a conocer la separación del cargo del prefecto identificado como Rafael, en tanto continúan las investigaciones sobre los señalamientos en su contra.
En un comunicado oficial, la dependencia informó que se recabaron testimonios y se levantó un acta administrativa para iniciar las indagatorias correspondientes. La medida busca garantizar la seguridad de los estudiantes y que el proceso se desarrolle con transparencia.
La voz de los estudiantes y padres
Los jóvenes denunciaron que las agresiones no eran un hecho aislado. Según relataron, el prefecto habría incurrido en maltrato físico y conductas que vulneraban su intimidad, generando un clima de temor dentro del plantel.
Los padres de familia señalaron que, aunque habían presentado reportes previos ante la escuela, no obtuvieron una respuesta oportuna. Fue hasta que la protesta se hizo visible en la vía pública que la autoridad educativa reaccionó.
“Nos duele que nuestros hijos hayan tenido que vivir esto y que nadie nos escuchara antes. Pero hoy se hizo justicia. Esperamos que la investigación no quede en papel”, expresó una madre de familia que prefirió mantener su identidad en reserva.
¿Qué sigue?
La Secretaría de Educación informó que se mantendrá atenta al desarrollo de las investigaciones y que, de comprobarse las acusaciones, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la normativa laboral y educativa.
La dependencia también hizo un llamado a la comunidad escolar a utilizar los canales oficiales para reportar cualquier situación que vulnere los derechos de los estudiantes. Enfatizó que no se tolerarán conductas que pongan en riesgo la integridad física o emocional de los alumnos.
Un llamado a la prevención
Este caso pone sobre la mesa una realidad que muchas escuelas enfrentan en silencio: la violencia en el entorno educativo no solo ocurre entre compañeros. Las autoridades deben garantizar que quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los menores también sean sujetos de supervisión.
Para las familias, el mensaje es claro: denunciar es el primer paso. Y para las instituciones, la lección es igual de contundente: actuar con rapidez y sensibilidad puede evitar que el daño se prolongue.
Con la separación del docente, los estudiantes de la secundaria Javier Rojo Gómez esperan que ahora sí se restablezca un ambiente de respeto y seguridad dentro de las aulas.
