El Tribunal Electoral tiene listo el dictamen con el que declarará la invalidez del proceso de revocación de mandato por no cumplirse la participación del 40 por ciento, pero mantiene en duda si dejará sustento de la falta de integridad en el proceso, las omisiones legislativas, la falta de voluntad de servidores públicos para respetar la ley y las trabas presupuestales que imposibilitaron la labor del Instituto Nacional Electoral.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluirá que “no ha lugar para declarar la validez del proceso de revocación de mandato”, al no cumplirse los requisitos constitucionales y legales que marca el artículo 35 constitucional, que condiciona la validez de ese ejercicio a que participen el 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores y que los resultados sean mayoría absoluta.
Para declarar que México sigue teniendo Presidente de la República tras la invalidez del ejercicio de revocación de mandato, el TEPJF prepara una sesión solemne como la que se realiza al validar las elecciones presidenciales, en la que estarán presentes todas las magistraturas de la Sala Superior; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López en representación de Andrés Manuel López Obrador; los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y del Senado, Olga Sánchez Cordero; así como el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.
Una copia de las dos propuestas de dictámenes de resolución que contrastan en exhibir “las malas prácticas que afectaron la normativa electoral, las instituciones electorales y la decisión electoral o el voto de la ciudadanía” y que desató esta mañana un debate entre las magistraturas.
En la primera propuesta de 59 páginas se hace un recuento en el que la Sala Superior concluye, primero, que existió omisión legislativa por la tardanza para emitir las reglas del proceso de revocación de mandato, con lo que vulneró la integridad del proceso, disminuyó la certeza que la ciudadanía y los actores políticos podían tener en las normas.
Y que con el decreto de interpretación auténtica aprobada por mayoría, “el órgano legislativo excedió el marco constitucional, pues no podía realizar este tipo de cambios de forma unilateral y sin respetar los procesos constitucionalmente previstos y la temporalidad legal”.
Además, las controversias constitucionales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso en contra de resoluciones inatacables de esta Sala Superior “exhibieron una confrontación entre diferentes órganos de gobierno que no abonó a la colaboración institucionalidad para garantizar los derechos de la ciudadanía; falta de certeza en las normas aplicables, y que se desarrolló con un deficiente diseñó legal”.
Este dictamen también considera que “fue visible” cómo se perjudicó la capacidad institucional del INE a partir de problemas presupuestarios que impactaron en la reducción de casillas, en la disponibilidad de personal e insumos.
Respecto a las constantes violaciones de servidores públicos, el proyecto destaca que el INE emitió 18 medidas cautelares en contra de servidores públicos como el presidente dela República, titulares de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, senadurías y diputaciones federal y locales; personas titulares de alcaldías de la Ciudad de México, de dependencias y entidades del gobierno de la República, así como personas servidoras públicas del ámbito federal y local, de las cuales, el Tribunal Electoral confirmó 14.
De estas 18, en 15 se acreditaron incumplimientos, por lo que “el hecho de que diversos funcionarios públicos hayan soslayado los mandatos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE refleja una situación preocupante, ya que no solamente se afecta el Estado de derecho, sino que se generan los siguientes efectos:
“Falta de credibilidad y confianza en las instituciones y autoridades; un detrimento de la legitimidad de quienes vulneran el Estado de derecho y la formación de incentivos para dejar de participar políticamente a través de las vías institucionales”.
Por lo que la Sala Superior enfatiza que “la falta de voluntad para aceptar y cumplir las leyes afecta la legitimidad del gobierno evaluado con el ejercicio de revocación y la confianza de la ciudadanía en las instituciones” y emite varias propuestas para legislar este tipo de anomalías durante el proceso.
Sin embargo, en un segundo proyecto se eliminan las 20 páginas que exhiben este proceso, lo que MILENIO confirmó ha generado una división al interior de la Sala Superior, pues algunas magistraturas consideran indispensable dejar sustento de estas reiteradas violaciones de servidores públicos cuando aún están pendiente que la Sala Regional Especializada resuelva el uso indebido de recursos públicos, y al tratarse de la antesala de la elección presidencial de 2024.
Mañana, la Sala Superior también aprobará los dos proyectos del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón que se hicieron públicos el pasado jueves, en los que declara improcedentes las cuatro impugnaciones de Movimiento Ciudadano, el PRD, PRI, PT y Morena; solicitando en el caso de Morena el recuento de votos y por en el de la oposición la nulidad del proceso por el uso indebido de recursos públicos, la intervención indebida de personas servidoras públicas que pretendieron influir en la ciudadanía
El conteo confirma la participación de 16 millones 502 mil 636 personas, el 17.77 por ciento del total de las inscritas en la Lista Nominal de Electores.
Hasta este medio día, los proyectos seguían en revisión por lo que pueden tener modificaciones previo a la votación de mañana para definir qué sentencia se emitirá en sesión solemne.
