En un fallo considerado contundente contra la inacción gubernamental y los abusos en el desarrollo inmobiliario, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito confirmó el pasado 19 de febrero de 2026 una sentencia que obliga a autoridades estatales y municipales a corregir graves irregularidades en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, en Cancún.
La resolución, derivada del amparo en revisión 280/2024, establece que las autoridades no pueden seguir ignorando desarrollos habitacionales entregados sin drenaje, sin infraestructura hidráulica adecuada y en condiciones que vulneran el derecho fundamental a una vivienda digna.
Años de abandono y condiciones insalubres
En este fraccionamiento, familias han vivido durante años sin servicios básicos, enfrentando problemas como drenajes colapsados, aguas negras y un entorno insalubre que afecta su calidad de vida [información base].
“Hoy la justicia ya ha hablado, lo que exigimos es que las autoridades actúen y hagan su trabajo, así como nos piden a los ciudadanos cumplir, también deben vigilar que las desarrolladoras entreguen viviendas en condiciones adecuadas y ejecutar las fianzas cuando no cumplan”, señaló Mónica Huerta, representante de la organización Díaz.
Lo que ordena el fallo judicial
El fallo establece acciones concretas y plazos estrictos para las autoridades:
| Acción | Plazo |
|---|---|
| Autoridades municipales deben reconocer formalmente el incumplimiento del desarrollador | Inmediato |
| Gobierno estatal debe iniciar procedimiento legal para obligar a concluir obras de agua potable y alcantarillado | Inmediato |
| Empresa desarrolladora debe responder | 3 días |
| En caso de incumplimiento, ejecutar fianza por 12.7 millones de pesos | Inmediato |
| Realización de obras con los recursos de la fianza | 6 meses máximo [información base] |
La sentencia establece que, si la desarrolladora no cumple, las autoridades deberán ejecutar la fianza de más de 12.7 millones de pesos y con esos recursos realizar directamente las obras en un periodo no mayor a seis meses.
Un precedente contra la omisión gubernamental
La representante de la organización advirtió que este caso no es aislado. En Quintana Roo, miles de viviendas han sido construidas y comercializadas sin cumplir con condiciones básicas de urbanización, en un contexto marcado por la tolerancia e incluso omisión de autoridades.
El tribunal envía un mensaje claro: la falta de acción gubernamental también constituye una violación a los derechos humanos. La sentencia saca a la luz una práctica común en la que autoridades y desarrolladores se deslindan de responsabilidades, mientras las familias permanecen en condiciones precarias.
¿Qué implica el derecho a una vivienda digna?
El fallo también establece que el derecho a la vivienda digna no se limita a la entrega de una casa, sino que implica garantizar condiciones reales de habitabilidad, como:
Acceso a agua potable
Drenaje y saneamiento
Un entorno seguro y saludable [información base]
Con esta resolución, Mónica Huerta señaló que el Poder Judicial marca un precedente que obliga a las autoridades a pasar del discurso a los hechos, al tiempo que abre la puerta para que más ciudadanos exijan el cumplimiento de sus derechos ante situaciones similares.
