El gobierno del presidente Donald Trump ha reactivado sus esfuerzos por eliminar el histórico Acuerdo Flores, un pacto legal alcanzado en 1997 que establece estándares básicos para el trato de menores migrantes bajo custodia federal. En esta ocasión, presentó ante un tribunal de California una solicitud para que dicho acuerdo se elimine por completo, argumentando que limita la capacidad del Ejecutivo para implementar sus políticas migratorias.
Desde su creación, el Acuerdo Flores ha sido fundamental para asegurar condiciones mínimas de protección para niñas, niños y adolescentes migrantes. Entre sus disposiciones clave se encuentran el acceso a servicios de salud y educación, el alojamiento en instalaciones autorizadas y la pronta liberación a familiares o tutores legales. No obstante, el equipo legal del Gobierno de Trump sostiene que este acuerdo ha alterado el panorama migratorio al reducir los factores disuasorios para la migración irregular de familias completas.
En su defensa, el Gobierno asegura que las condiciones actuales en los centros de detención han mejorado “sustancialmente” desde 1997, por lo que considera innecesaria la continuidad del acuerdo. Asimismo, argumenta que el pacto impone la voluntad del Poder Judicial por encima del Ejecutivo, lo cual entorpecería sus esfuerzos para controlar los flujos migratorios.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Trump intenta levantar estas protecciones. Durante su primer mandato, impulsó una acción similar que se bloqueó por un tribunal de apelaciones. Incluso la administración de Barack Obama hizo un intento en 2014, tras un incremento notable de menores no acompañados que cruzaban la frontera sur.
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El acuerdo lleva el nombre de Jenny Flores, una adolescente salvadoreña que enfrentó un trato inhumano tras cruzar la frontera en 1985. Gracias a una demanda liderada por la ACLU, su caso se convirtió en un precedente legal que dio origen a este pacto histórico.
A pesar de los argumentos del actual Gobierno, defensores de derechos humanos advierten que eliminar el Acuerdo Flores dejaría a los menores migrantes en una situación aún más vulnerable, especialmente en un contexto de políticas migratorias más estrictas.
