El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que utilizará la figura de emergencia nacional para implementar deportaciones masivas de migrantes indocumentados. A través de su red social Truth Social, Trump reafirmó este plan, que también contempla el uso de las Fuerzas Armadas, un enfoque polémico que plantea desafíos legales y sociales.
La Ley de Emergencias Nacionales de 1976 otorga poderes extraordinarios al presidente en situaciones que representen una amenaza para la seguridad del país. Trump ya invocó esta legislación en 2019 para redirigir fondos del Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México. En esta ocasión, su objetivo es acelerar las deportaciones, una de las principales promesas de su campaña electoral. Sin embargo, el alcance y la implementación de estas medidas aún no se han detallado públicamente.
El plan podría afectar a millones de familias, ya que en Estados Unidos residen aproximadamente 11 millones de indocumentados. Organizaciones como America’s Voice advierten que estas deportaciones masivas impactarían no solo a los migrantes, sino también a sectores clave de la economía que dependen de su mano de obra, como la agricultura y el sector servicios.
Aunque Donald Trump planea movilizar a reservistas de la Guardia Nacional e incluso redirigir tropas estacionadas en el extranjero hacia la frontera, esto podría enfrentar obstáculos legales debido a restricciones en el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional. Por otro lado, algunos analistas señalan que los costos económicos y humanos de esta estrategia podrían ser significativos, lo que añade complejidad al plan.
Este anuncio anticipa un cambio drástico en las políticas migratorias y un posible aumento en la tensión social y política dentro y fuera de Estados Unidos.
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