Un joven de 21 años fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva acusado de extorsión en Cancún. El imputado presuntamente integró un grupo que exigió pagos mensuales de 20 mil pesos a un comerciante del sector restaurantero, bajo la amenaza de agresiones contra su negocio y personal.
La víctima, cuya identidad se reserva, habría entregado más de 328 mil pesosentre enero y noviembre de este año antes de decidir denunciar. Los hechos ocurrieron en un establecimiento de la colonia Lombardo Toledano, en la supermanzana 74, donde los acusados inicialmente recogían el dinero en efectivo y luego migraron a depósitos bancarios.
El modus operandi: de la cobranza directa a las transferencias
La investigación ministerial reveló que los presuntos extorsionadores, tras establecer el contacto inicial, proporcionaron al comerciante un equipo de radio para mantener comunicación permanente y asegurar los pagos. Las cuentas bancarias utilizadas para recibir los depósitos estaban registradas a nombre del detenido, identificado como José Gabriel “N”, a quien se señala como el operador principal del esquema.
El juez de control que revisó el caso determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al acusado por el delito de extorsión. Como medida cautelar, decretó prisión preventiva por un plazo de hasta dos años, tiempo en el que continuarán las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red delictiva.
La ruptura del silencio: cuando el miedo cede ante la asfixia económica
El caso ejemplifica un patrón recurrente en el delito de “derecho de piso”: la victimización prolongada de pequeños y medianos empresarios que, ante el temor a represalias violentas, acceden a pagar hasta que la carga económica deviene insostenible. La decisión final del restaurantero de acudir al Ministerio Público permitió el rastreo financiero y la detención.
Este proceso legal ocurre en un contexto donde la extorsión a comercios sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto para la economía local en Quintana Roo, particularmente en zonas de alta actividad comercial y turística como Cancún. La efectividad de la sentencia preventiva dependerá de la capacidad de la fiscalía para ampliar la investigación más allá del cobrador e identificar a los autores intelectuales y la estructura criminal completa.
