La renta de alojamientos a través de plataformas digitales podría quedar sujeta a nuevos controles legales en Quintana Roo, luego de que el Congreso estatal analiza una iniciativa que busca obligar a anfitriones a verificar la relación entre adultos y menores que ingresen a los inmuebles.
El diputado Hugo Alday Nieto explicó que el objetivo es cerrar vacíos legales que se aprovechan para delitos como la trata de personas y el turismo sexual infantil, fenómenos que persisten en la entidad pese a las campañas institucionales de prevención.
La reforma propone modificar la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes para que, además de hoteles y centros de hospedaje tradicionales, los espacios rentados por aplicaciones también estén obligados a reportar cualquier sospecha.
Si el adulto no puede acreditar parentesco o la relación con un menor, el arrendador deberá avisar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Trata de Personas en Quintana Roo.
El legislador abundó que el crecimiento del hospedaje digital ha facilitado la movilidad de turistas, pero también ha abierto un espacio para que posibles agresores operen con menos supervisión que en establecimientos regulados.
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La iniciativa pretende que estos servicios tengan la misma responsabilidad que un hotel: registrar a sus huéspedes y activar protocolos en caso de riesgo.
“La prioridad es proteger a la niñez, si un anfitrión decide ignorar señales o no reporta, también debe asumir consecuencias legales”, sostuvo.
Las sanciones propuestas alcanzan desde multas y responsabilidades administrativas, hasta la extinción de dominio en inmuebles utilizados para delitos, así como penas de cárcel si se acredita complicidad.
El proyecto fue turnado a comisiones y se espera que próximamente se realice un análisis técnico con autoridades de seguridad, expertos en derechos humanos y representantes del sector turístico.
